

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por “abuso de autoridad” a raíz del pedido de allanamiento contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes en los últimos días dieron a conocer audios que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en presuntas maniobras de coimas.
La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, que en su escrito invocó los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, los cuales garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura previa. “El Gobierno nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, advirtió.
Dalbón sostuvo que la medida solicitada por la cartera de Seguridad “no constituye un error formal ni una mera discusión política, sino un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático”.
En su denuncia, el abogado remarcó que el pedido de allanamiento de medios de comunicación y el secuestro de equipos de trabajo “configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional, en tanto vulneran la libertad de expresión y el derecho constitucional al secreto de las fuentes periodísticas”.
Asimismo, alertó que prohibir la difusión de contenidos futuros constituye una medida de censura explícita, algo vedado por la Carta Magna. “El periodismo no puede ser perseguido por difundir información de interés público, ni obligado a revelar sus fuentes”, insistió Dalbón, señalando que la actitud del Gobierno sienta un “grave precedente institucional” al intentar silenciar medios críticos bajo la acusación de “inteligencia ilegal”.