El juez que prohibió difundir audios de Karina Milei acumula nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura

La notificación de los cargos se realizó la semana pasada y el magistrado Alejandro Patricio Maraniello tiene un plazo de 20 días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau.

Las acusaciones en su contra incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Algunas denunciantes relataron que fueron sometidas a tocamientos, besos no consentidos y presiones para mantener encuentros fuera del horario laboral bajo amenaza de perder el empleo.

Otras describieron acoso a través de mensajes en redes sociales, observaciones sobre su vestimenta y represalias laborales tras rechazar pedidos personales. Varias de ellas señalaron que sufrieron depresión, necesitaron medicación y atravesaron pensamientos suicidas debido al clima en el juzgado.

En 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (Aefpjn) pidió la presencia policial en las oficinas de Maraniello para resguardar a los trabajadores. La medida fue concedida y se mantiene en la actualidad.

El proceso disciplinario avanza con entrevistas a empleados y ex empleados, y la Comisión de Disciplina deberá resolver si aplica sanciones administrativas o si remite los expedientes a la Comisión de Acusación, que podría solicitar su remoción.

La intervención de Maraniello en el caso de los audios de la hermana del Presidente ocurre en paralelo a la escalada de denuncias en su contra. El fallo que dictó a favor del Gobierno prohibió la difusión de los materiales, considerados por el oficialismo como parte de una “operación de inteligencia” para desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.

Mientras el Gobierno denuncia una maniobra golpista y apunta a sectores de la oposición, en el Consejo de la Magistratura crece la presión para definir el futuro de un juez envuelto en un doble escándalo: el de los audios y el de su propia conducta en los tribunales.