A partir de una denuncia del gobierno, la justicia censura la publicación de los audios de Karina Milei

El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país”, luego de que se difundieran audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. La presentación, realizada por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad, recayó en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, y en la Fiscalía Federal N°4 a cargo de Carlos Stornelli.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “no fue una filtración, sino un ataque planificado” mediante la grabación y manipulación de conversaciones privadas en la Casa Rosada. Según sostuvo, el objetivo es condicionar al Ejecutivo e influir en las próximas elecciones legislativas.

La cautelar de la Justicia

Tras la denuncia, la Justicia dictó una medida cautelar ordenando el cese inmediato de la difusión de los audios que se atribuyen a Karina Milei. El fallo estableció que la decisión no constituye “censura previa”, sino que responde a la necesidad de proteger la privacidad institucional y evitar que se difundan contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado.

La medida recayó en el juez Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, quien aclaró que la restricción es excepcional y de alcance limitado. Sin embargo, el magistrado enfrenta seis causas en su contra por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato e incumplimiento de deberes.

Un escándalo político en desarrollo

La filtración de audios y la denuncia del Ejecutivo ocurren en paralelo al caso que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo íntimo del presidente Javier Milei, acusado de presuntas coimas y sobreprecios en contrataciones públicas. Los registros filtrados, que se ubican entre junio y octubre de 2024, alimentaron una crisis política que sacude al oficialismo.

El Gobierno apuntó contra periodistas y empresarios a quienes responsabilizó de difundir el material, entre ellos Mauro Federico, Jorge Rial, Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi. Según la denuncia, la maniobra buscó “alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores económicos y condicionar ilegítimamente las elecciones legislativas”.

Mientras tanto, continúan circulando grabaciones atribuidas a Karina Milei, donde se la escucha hablar sobre su rutina en la Casa Rosada. Aunque no refieren directamente al caso ANDIS, desde el oficialismo alertan que forman parte de una estrategia para erosionar la gestión.

“Se trata de una operación de inteligencia prohibida por la Ley 25.520. El mensaje es claro: no se permitirá que maniobras ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina”, remarcaron fuentes del Ejecutivo.