Milei pone en venta Corredores Viales: comienza la privatización de la empresa estatal de rutas

El Gobierno nacional dio inicio formal al proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra gran parte de la red vial nacional. La medida, oficializada por una resolución del Ministerio de Economía, fue firmada por el ministro Luis Caputo y se enmarca en el decreto 97/2025, que ya había declarado a la compañía “sujeta a privatización” bajo la Ley de Reforma del Estado.

El plan del Ejecutivo establece un plazo de 12 meses para la disolución definitiva de la sociedad, lo que implica extinguir los contratos actuales de concesión, abrir un nuevo proceso licitatorio bajo el régimen de obra pública por peaje y avanzar con la liquidación de la firma. La decisión responde a la estrategia del presidente Javier Milei de reducir la participación del Estado en la economía y trasladar al sector privado la gestión de empresas públicas y servicios.

En este marco, la Secretaría de Transporte deberá elaborar el inventario de los bienes de Corredores Viales, redactar los documentos de extinción de los contratos por mutuo acuerdo, definir los tramos de la red que serán concesionados y relevar el estado de las obras en ejecución. Paralelamente, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el proceso general, incluyendo la valuación de los activos a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación y la estimación de los futuros ingresos por peaje.

El decreto también faculta al Ministerio de Economía a convocar y adjudicar una Licitación Pública Nacional e Internacional, que se llevará a cabo en la plataforma oficial CONTRAT.AR, según lo previsto en el decreto 416/2025. De esta manera, el Gobierno buscará atraer operadores privados para garantizar el mantenimiento, la modernización y la explotación de los corredores, en un esquema que prioriza la inversión privada a cambio del cobro de peajes.

Corredores Viales fue creada en 2017 tras el vencimiento de contratos con concesionarias privadas, absorbiendo la gestión de rutas y autopistas clave de la red nacional. Desde entonces, la empresa se convirtió en un actor central en el mantenimiento de carreteras, con más de 6.000 kilómetros bajo su órbita. Su privatización marcará un cambio de rumbo significativo en la política de infraestructura vial, profundizando el plan de ajuste y desestatización impulsado por el Gobierno de Javier Milei.