Lorena Villaverde: la diputada libertaria de Río Negro, fue embargada por 50 millones en causa por estafa y negligencia inmobiliaria

La diputada libertaria Lorena Villaverde enfrenta un duro revés judicial tras ser embargada por 50 millones de pesos en el marco de una causa por daños y perjuicios derivados de su responsabilidad en un desarrollo inmobiliario en Las Grutas. La demora en la concreción de servicios básicos para los compradores afectó a numerosos vecinos, quienes ahora buscan justicia ante la Justicia Civil.

Lejos de asumir su responsabilidad, Villaverde acumula varias denuncias similares en su contra, aunque en otros casos se lograron acuerdos que permitieron evitar sanciones. Sin embargo, en este expediente no hubo avances ni ofertas conciliatorias, lo que llevó al juez a dictar un embargo preventivo millonario para garantizar el pago si la demanda prospera.

Desde su entorno intentan minimizar la gravedad de la situación, calificando el conflicto como “un tema entre privados” y acusando a quienes reclaman de “aprovechar la coyuntura política para beneficio propio”. Sin embargo, esta versión choca con la realidad de una causa que ya lleva más de un año en curso y que expone serias irregularidades en la gestión y cumplimiento de los compromisos asumidos por la legisladora.

La diputada, que aspira a un cargo en el Senado en las próximas elecciones de octubre, no solo enfrenta cuestionamientos por su desempeño público, sino que ahora queda en el centro de un escándalo por presunta negligencia y estafa inmobiliaria que podría empañar su carrera política.

Mientras Villaverde y sus abogados dilatan la resolución, la Justicia avanza y deja al descubierto un modus operandi poco transparente que perjudica a vecinos y compradores en una zona clave para el desarrollo turístico y residencial de Río Negro.

Además, desde sectores cercanos al oficialismo provincial se acusa a los medios de comunicación afines a la diputada de manipular la información para uso electoral, aunque la contundencia de las pruebas y el embargo millonario hablan por sí solos, revelando una problemática que va más allá de los discursos políticos y afecta directamente a la ciudadanía.

Este caso pone en tela de juicio la ética y la responsabilidad de una figura política que, lejos de estar al servicio de la comunidad, parece estar involucrada en manejos cuestionables que pueden terminar en una fuerte condena judicial.