Privatización a contrarreloj: el futuro de las represas del Comahue en manos del mercado

En silencio administrativo pero con impacto estructural, el Boletín Oficial anunció el inicio formal del proceso de privatización de las represas más estratégicas del Comahue. A partir del 1 de enero, el Ejecutivo nacional puso en marcha un plan que abarca a Alicurá, El Chocón (y su compensador Arroyito), Cerros Colorados y Piedra del Águila. Son piezas centrales del sistema energético argentino y guardianes hídricos de territorios tan productivos como frágiles, como Vaca Muerta.

El decreto firmado por el Gobierno argumenta que las concesiones, otorgadas en los años noventa bajo la lógica privatizadora de la reforma del Estado, se encuentran vencidas. La nueva estrategia contempla la creación de Sociedades Anónimas que administren las centrales, para luego vender la totalidad de sus acciones al sector privado mediante un “Concurso Público Nacional e Internacional sin base”. El plazo para lanzar la licitación es perentorio: sesenta días corridos.

En el mientras tanto, se habilita a los actuales concesionarios —Orazul Energy, AES Argentina, Central Puerto y ENEL— a continuar con la operación hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete la venta. La continuidad, sin embargo, está sujeta a una “carta de adhesión” que debe ser presentada en cinco días; de no hacerlo, las empresas deberán seguir generando energía por al menos 90 días hábiles.

Las provincias de Neuquén y Río Negro no han permanecido en silencio. Los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck pidieron en abril una prórroga para que sus equipos técnicos puedan analizar a fondo la medida. Sus demandas son concretas: mayor participación en regalías, posibilidad de cobrar parte de ellas en especie y ejecución de obras clave como la refuerzo de la presa Portezuelo Grande. En el nuevo esquema, cualquier operador deberá abonar regalías a las provincias, según los términos acordados con la Secretaría de Energía.

El discurso oficial apela a la eficiencia, la transparencia y la seguridad operativa. Sin embargo, el trasfondo es más complejo: se trata de un rediseño de la propiedad y gestión de un activo estratégico, con repercusiones directas en la matriz energética y en la relación Nación-Provincias. La privatización de estas represas no es solo un expediente técnico; es un capítulo más en la disputa por el control y el beneficio de los recursos que mueven, literal y simbólicamente, el país.