

Un informe actualizado deL CEPA a junio de 2025 reveló el profundo deterioro del empleo y los ingresos en el Sector Público Nacional. Entre noviembre de 2023 y junio de este año se perdieron 54.176 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 15,9% en la planta total del Estado nacional, marcando el ajuste más severo desde la crisis de 2001.
El recorte afectó principalmente a las empresas y sociedades del Estado, que concentraron la mayor cantidad de despidos. Les siguieron, en menor escala pero con fuerte impacto, los organismos descentralizados y centralizados. El ajuste más drástico en términos proporcionales se dio en la administración centralizada, lo que pone en evidencia un vaciamiento deliberado de áreas claves del Poder Ejecutivo.
El caso más grave en términos absolutos es el del Correo Argentino, que registró 4.916 despidos. Lo siguen la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), con 2.801 cesantías; el Banco Nación, con 1.831; y Aerolíneas Argentinas, que despidió a 1.768 trabajadores.
En términos porcentuales, el recorte más brutal se dio en la ex Télam, con una reducción del 80% de su personal. Le siguen ENARSA Patagonia (-66,7%), Educar S.A. (-52,5%) y Contenidos Públicos S.E., que achicó su dotación en un 42,7%.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), el ajuste también fue contundente. El caso más significativo es el de la Agencia de Recaudación de la Seguridad Social (ARCA), con 3.052 puestos eliminados. Le siguen la ANSES, que sufrió 1.457 despidos, y el CONICET, con una reducción de 1.091 científicos y trabajadores.
En términos proporcionales, el golpe más duro fue para el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63% de su plantilla. También fueron fuertemente impactadas la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 45%, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con un recorte del 41%.
En paralelo, los salarios del sector público sufrieron una brutal pérdida del poder adquisitivo. Según datos de INDEC correspondientes a mayo de 2025, el deterioro es del 14% en promedio, pero la diferencia entre el nivel nacional y el provincial es abismal. Mientras los salarios provinciales retrocedieron 6,8% desde noviembre de 2023, los nacionales se desplomaron un 31,5%.
Y el panorama empeora: si se considera la aplicación del decreto 527/2025, que establece los aumentos salariales para lo que resta del año, se estima que el poder de compra de los salarios nacionales caerá otro 2,4% entre mayo y noviembre. Así, la pérdida total se ubicará en el 33,1% respecto al nivel salarial previo al inicio de la gestión de Javier Milei.
Este deterioro en el empleo y los ingresos del Estado nacional se traduce en una menor capacidad operativa, una fuerte precarización del servicio público y un impacto directo sobre áreas sensibles como la ciencia, la educación, la salud y la seguridad social. Lejos de una reorganización racional del gasto, el ajuste ejecutado por el Gobierno nacional configura un retroceso histórico en las condiciones laborales y en la estructura funcional del Estado argentino.