

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la grave situación que atraviesan más de 100 mil afiliados de PAMI en la provincia de Río Negro, quienes deben pagar entre 30.000 y 70.000 pesos por consultas médicas particulares ante la falta de cobertura y la escasez de especialistas dentro del sistema. La organización sindical convocó a una jornada de protesta para el próximo 7 de agosto, exigiendo que la obra social garantice una cobertura médica plena y efectiva.
Según el gremio, los afiliados enfrentan demoras de más de un mes para conseguir turnos con especialistas en áreas como otorrinolaringología, reumatología, urología, alergias y endocrinología, entre otras. En muchos casos, deben optar por pagar consultas privadas con sumas exorbitantes para acceder a la atención que necesitan. La situación se repite con cirujanos, donde los turnos por vía PAMI son casi inaccesibles pero se consiguen de inmediato si se abona de forma particular.
Uno de los casos más alarmantes se presenta en el área de odontología. ATE denunció que la atención se encuentra prácticamente desmantelada: los turnos son escasos y, en muchos casos, los profesionales directamente rechazan atender por la obra social, cobrando hasta 30.000 pesos por consulta.
“La situación de los jubilados y jubiladas es desesperante, no solo reciben represión física los miércoles y achique monetario, ahora además deben mendigar la atención médica que debería garantizarles la obra social”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, quien reclamó que se asegure la atención médica especializada en todo el territorio provincial.
A esta problemática se suma la falta de prestadores en muchas localidades, lo que obliga a los afiliados a trasladarse largas distancias para poder acceder a atención médica, generalmente disponibles solo en los principales centros urbanos. Esto representa una barrera adicional para miles de personas mayores que viven en zonas rurales o alejadas.
“Son millones de pesos los que recauda el PAMI, deberían invertir en salud y no utilizar los fondos públicos para otros negocios, ya que no es justo que recorten, e incluso dejen sin prestación, a nuestros adultos mayores”, concluyó Vicente.