La Justicia secuestró documentación municipal tras la denuncia contra el intendente Román y el empresario Ocampo

En la mañana de este lunes, personal judicial y policial ingresó al edificio municipal de Allen para llevar adelante un procedimiento vinculado a una investigación penal que involucra al intendente Marcelo Román, de La Libertad Avanza, y al empresario local de medios Sebastián Ocampo. La causa, originada por una denuncia del Tribunal de Cuentas del municipio, apunta a presuntos delitos de peculado y usurpación de cargo público.

La medida judicial se produjo luego de que, hace diez días, se allanaran distintas propiedades de Ocampo, entre ellas su emisora FM Líder, señalada como vocera incondicional del gobierno local y principal herramienta de ataque a quienes critican al intendente.

Desde la defensa del jefe comunal, a cargo del abogado Matías Rubio, se informó que la Fiscalía actuó mediante una solicitud de entrega voluntaria de documentación, por lo que no fue necesario realizar un allanamiento formal. Sin embargo, imágenes captadas en el lugar muestran una fuerte presencia policial, incluso en techos del edificio, lo que generó conmoción en la ciudad.

La investigación penal se originó por la entrega irregular de un teléfono celular municipal a Ocampo, hecho que derivó en la acusación de peculado contra Román. Pero el caso va más allá de un simple dispositivo: el empresario está siendo investigado por ejercer funciones públicas sin designación formal. Según el Tribunal de Cuentas, Ocampo toma decisiones administrativas, participa de reuniones de gabinete y maneja aspectos clave del presupuesto municipal, pese a no ocupar ningún cargo en la estructura oficial.

La denuncia fue presentada el 26 de junio por las vocales del Tribunal Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, junto al asesor letrado Ezequiel Martínez. También figuran en el escrito los nombres de Matías Piergentili y Facundo Jara Godoy. Los firmantes aseguraron contar con testimonios directos y pruebas documentales del accionar de Ocampo. Entre los elementos mencionados figuran la línea telefónica abonada por el municipio a nombre del empresario, el pago de publicidad a su radio y una presunta triangulación de facturas a través de empleados vinculados a sus medios.

Durante el operativo de este lunes, la Secretaría de Hacienda fue uno de los focos principales, ya que allí se maneja el flujo de fondos del municipio. Paralelamente, la oficina del intendente permaneció cerrada y varios efectivos policiales custodiaron el ingreso principal del edificio comunal.

La situación se da en un contexto de creciente tensión política en Allen. El intendente Román ha recibido críticas públicas de funcionarios que renunciaron en los últimos meses, y enfrenta una oposición que denuncia acoso y hostigamiento. El concejal Gustavo Addamo, en diálogo con Diario Río Negro, afirmó que tanto él como su familia han sido víctimas de persecución por no alinearse con la conducción oficial. “Siempre se nos acusó de poner palos en la rueda, pero en realidad fuimos nosotros los que encontramos puertas cerradas”, declaró el edil.

La investigación está a cargo de la fiscal María Celeste Benatti, con la supervisión de la fiscal jefa Graciela Echegaray. Ambas solicitaron reserva de las actuaciones por un plazo de diez días para garantizar la confidencialidad de la prueba recolectada. Mientras tanto, el escándalo político y judicial que envuelve a la gestión de Román continúa creciendo y promete nuevos capítulos en los próximos días.