

El proceso prevé la división de la compañía en tres segmentos claramente diferenciados: material rodante, corredores ferroviarios e infraestructura edilicia y talleres. La empresa será disuelta al finalizar la venta y concesión de estos activos, en cumplimiento de la Ley 27.742, que faculta al Poder Ejecutivo para privatizar diversas empresas estatales.
La operación estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, en conjunto con la Secretaría de Transporte, y deberá completarse en un plazo máximo de doce meses.
Según la resolución, el material rodante será rematado a través de subastas públicas, mientras que los corredores ferroviarios y los activos edilicios —que incluyen inmuebles, terrenos y talleres— serán adjudicados mediante licitaciones públicas abiertas a participantes nacionales e internacionales.
Los fondos obtenidos por la venta del material rodante serán depositados en una cuenta fiduciaria del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, cuya apertura fue instruida al Banco de la Nación Argentina. Este fideicomiso financiará futuras obras ferroviarias en las vías concesionadas y canalizará aportes estatales vinculados a los contratos de uso.
El Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y de la infraestructura que incluye material rodante, vías, talleres e inmuebles aledaños. No obstante, los terrenos y las vías continuarán siendo propiedad del Estado, ya que revertirán al mismo al finalizar cada concesión.
En cuanto a las vías e inmuebles a concesionar, la Secretaría de Transporte realizará un relevamiento de obras en curso para ordenar prioridades y tendrá la facultad de rescindir contratos considerados no prioritarios, como parte del proceso previo al llamado a licitación.
Los talleres ferroviarios de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza serán concesionados. Para ello, se realizará un inventario de herramientas, maquinarias y demás activos técnicos, estableciendo las condiciones para su traspaso.
Finalmente, la resolución faculta a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones contractuales necesarias para garantizar el desarrollo del proceso, bajo la coordinación técnica y jurídica de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.