La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) presentaron este lunes un amparo judicial contra la Ley 27.742 y el DNU 462/2025, en un nuevo intento por frenar lo que denuncian como un plan de vaciamiento del INTA impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La presentación judicial solicita que se declaren inaplicables las facultades delegadas por la Ley Bases respecto al INTA, además de reclamar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la norma, y de los artículos 59 al 69 del DNU presidencial. Para los gremios, estas disposiciones violan los fundamentos que dieron origen al organismo y constituyen una maniobra de disolución encubierta, desfederalización y desfinanciamiento.
“En la calle y en la Justicia, estamos demostrando que el Gobierno de Milei no es invencible”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tras la presentación. “Vinieron por el derecho de huelga y la Justicia nos dio la razón. Quisieron quitarnos el Día del Empleado Público y también tuvimos un fallo favorable. La marcha atrás con el cierre de Vialidad demuestra que, uno por uno, vamos a voltear todos los decretos”, sostuvo el dirigente.
Aguiar cuestionó duramente el accionar del oficialismo: “Son un mamarracho. Tienen tanta ambición en generar negocios para los empresarios que ni siquiera supieron aprovechar las facultades extraordinarias”.
El amparo también solicita una medida cautelar para que el Estado Nacional se abstenga de ejecutar reestructuraciones, como reubicaciones, cesantías, despidos o traslados de personal en el INTA, tanto para trabajadores como para representantes gremiales, hasta que haya una sentencia definitiva. Se reclama además la garantía de todos los derechos laborales consagrados en los convenios colectivos vigentes.
Con esta acción judicial, ATE y APINTA buscan abrir un nuevo frente legal contra el plan de ajuste estatal del Gobierno nacional, mientras continúan las movilizaciones y protestas en defensa de los organismos públicos y los puestos de trabajo.
