“Se autoriza el corte de agua por falta de pago”: el Gobierno avanza con la privatización de AySA y cambia más de 100 artículos del marco regulatorio

En un nuevo paso hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), el Gobierno nacional publicó este martes el Decreto 493/2025, que reestructura en profundidad el marco normativo del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre los cambios más significativos se habilita por primera vez en casi dos décadas el corte del suministro a los usuarios morosos, se otorgan más facultades a la concesionaria y se abre la puerta a la incorporación de capital privado.

 

“El marco actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, argumenta el decreto, al señalar que el Estado no puede seguir subsidiando el sistema en medio de una “profunda crisis económica”.

 

Hacia la privatización: cambios clave

 

Con la modificación del artículo 2° del Decreto 304/2006, el Ejecutivo eliminó el carácter intransferible de las acciones de AySA. A partir de ahora, el Ministerio de Economía podrá vender total o parcialmente el 90% del capital social, mientras que el 10% restante seguirá en manos de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

 

Este cambio allana el camino para la entrada de inversores privados y sienta las bases para una privatización parcial o total de la empresa estatal. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei, en acuerdo general de ministros, y notificada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como lo establece la Ley 26.122.

 

Cortes por falta de pago y poder reforzado

 

Uno de los puntos más controvertidos del DNU es la habilitación a AySA para cortar el servicio de agua potable a usuarios en mora, una práctica que estaba prohibida desde la reestatización de la empresa en 2006. Esta medida quedará sujeta a las condiciones que se definan en el nuevo Contrato de Concesión.

 

Además, se otorgaron “amplias facultades para auditar las obras dentro del Área Regulada” y se autorizó a la empresa a utilizar los ingresos de la concesión como garantía para financiamiento externo.

 

Reorganización institucional y nuevo plan director

 

El decreto también rediseña la relación entre los entes reguladores. El ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y la Agencia de Planificación (APLA) deberán actuar de manera coordinada, y podrán ser convocados por la concesionaria o por la sindicatura de usuarios en casos técnicos u operativos.

 

Se crea, además, el Plan Director de Mejora Estratégica, un instrumento técnico elaborado por APLA que será revisado cada cinco años. Su función será identificar obras prioritarias en función de la viabilidad técnica y la densidad poblacional, aunque su cumplimiento no será obligatorio.

 

Transición regulatoria

 

El Ejecutivo estableció un plazo de cinco años como período de transición desde la eventual adjudicación al nuevo concesionario, durante el cual se implementará gradualmente el nuevo régimen regulatorio. Esto busca evitar desequilibrios económicos-financieros en los contratos vigentes.

 

Un cambio estructural sin debate legislativo

 

El Decreto 493/2025 elimina más de una decena de artículos del marco anterior y modifica más de 100 disposiciones legales relacionadas con AySA, en un movimiento que vuelve a recurrir a los decretos de necesidad y urgencia para modificar el funcionamiento del Estado, sin pasar previamente por el Congreso.

 

Desde el Gobierno aseguran que se trata de un paso necesario para “viabilizar urgentemente las inversiones” y mejorar la calidad y cobertura del servicio. Sin embargo, distintos sectores advierten que podría tratarse de una avanzada privatizadora que deje en manos del mercado un recurso esencial como el agua.