Mientras el Gobierno insiste en que “el equilibrio fiscal no se negocia” y cuestiona duramente las leyes votadas por el Congreso, los números muestran que el impacto real de esas medidas está lejos de poner en riesgo las cuentas públicas. Analistas y organismos técnicos estiman que el costo fiscal de las iniciativas opositoras aprobadas en el Senado no supera el 1,6% del PBI, y algunas proyecciones para 2025 lo ubican incluso por debajo del 1%.
Sin embargo, el presidente Javier Milei mantiene una actitud beligerante contra el Congreso, los gobernadores y los legisladores, que ya se volvió objeto de discusión incluso dentro de su propio espacio. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en una señal clara de incomodidad, llegó a sugerir públicamente que el Gobierno “deje de gastar en transferencias a la SIDE”, aludiendo a los fondos reservados que no tienen control parlamentario.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el costo de las reformas previsionales y de discapacidad representa en el peor de los casos apenas 1,08% del PBI. Si se suman el reparto del impuesto a los combustibles y las transferencias automáticas a provincias (ATNs), el total apenas llega a 1,46% del PBI, según la consultora Analytica. Ecolatina estima que el impacto fiscal para lo que resta del año es de tan solo 0,7%, mientras que PxQ lo eleva a 0,8%.
Estas cifras contradicen el discurso oficial que denuncia una supuesta “irresponsabilidad fiscal” por parte del Congreso. Incluso tomando el cálculo más alto, de 1,6% del PBI proyectado para 2026, el número coincide exactamente con el superávit primario previsto por el propio Gobierno. Es decir, lo votado por el Senado no es una amenaza insostenible para las finanzas públicas, sino más bien una corrección de prioridades dentro del presupuesto.
A pesar de ello, Milei insiste en no negociar con los legisladores. “Los diputados deben votar según sus convicciones, no para obtener algo a cambio”, repiten sus voceros, reafirmando la negativa del presidente a dialogar o ceder ante el Congreso. En la oposición, esta actitud ya se interpreta como un capricho personal que bloquea el funcionamiento institucional y erosiona la gobernabilidad.
Mientras tanto, el mercado observa con preocupación la falta de acuerdos y el aumento de la tensión política. Aunque el ministro Luis Caputo mantiene relaciones más pragmáticas, las señales que bajan desde la cima del poder despiertan dudas. En ese contexto, analistas coinciden en que el riesgo país difícilmente baje en el corto plazo.
La negativa de Milei a transitar el camino tradicional de la política —donde el Congreso negocia partidas a cambio de votos— puede leerse como una apuesta a todo o nada. Pero cuando ni siquiera dentro del oficialismo hay consenso sobre los gastos que sí se podrían revisar —como los fondos reservados—, la lógica del ajuste como único objetivo empieza a exhibir sus límites. El “dogma libertario” se enfrenta cada vez más con una realidad política y económica que exige, además de convicción, capacidad de diálogo.
