Argentina busca frenar la entrega de acciones de YPF y espera una decisión clave de la jueza Loretta Preska

Preska notificó a las partes que evaluará si concede el pedido de suspensión temporal, aunque aclaró que no revisará aún el fondo de la cuestión. El objetivo del Gobierno es evitar que los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park, accedan a las acciones con la intención de venderlas de manera inmediata, como ya manifestaron.

El 30 de junio pasado, la jueza había ordenado al Estado argentino transferir los títulos en poder estatal a un banco custodio en Nueva York, como parte de las medidas de ejecución del fallo dictado en septiembre de 2023. Argentina ya apeló esa decisión ante un tribunal superior y ahora busca ganar tiempo hasta que se resuelva esa instancia.

Según explicó el analista Sebastián Maril, si Preska acepta suspender la orden, los beneficiarios del fallo no podrán avanzar en la ejecución mientras dure el proceso de apelación. Además, la magistrada otorgó un plazo adicional de tres días para que las partes avancen ante la Corte de Apelaciones.

Por otra parte, el conflicto judicial avanza hacia una nueva etapa. Este martes 15, la jueza convocó a una audiencia para discutir un nuevo pedido de los demandantes, quienes buscan obtener información sobre activos de otras empresas estatales argentinas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central. Argumentan que estas compañías serían “alter ego” de la República y, por tanto, susceptibles de embargo.

En sus presentaciones, los abogados del Estado advirtieron que cumplir la orden de entrega violaría la ley argentina de expropiación, que establece que cualquier traspaso de acciones de YPF debe ser aprobado por el Congreso con mayoría de dos tercios. Además, remarcaron que se pondría en riesgo la soberanía nacional y que se generaría un daño irreparable si se pierde el control accionario de la petrolera.

“El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”, afirmó el presidente Javier Milei días atrás.

El juicio se originó por la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado nacionalizó el 51% de las acciones en manos de Repsol, sin hacer una oferta pública por el resto, como lo establecía el estatuto de la compañía. Los fondos Burford y Eton Park adquirieron los derechos de litigio del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía el 25% de las acciones. En septiembre pasado, Preska falló a su favor y ordenó una indemnización de más de US$ 16.000 millones, cifra que hoy supera los US$ 17.750 millones con intereses.

La decisión que tome la jueza Preska este lunes podría definir el rumbo inmediato del caso y marcar un nuevo hito en la compleja disputa legal entre Argentina y los fondos litigantes.