Senadores también aprobaron el reparto de ATN y del impuesto a los combustibles pese a amenazas de veto

En una jornada cargada de tensiones políticas y parlamentarias, el Senado de la Nación aprobó una batería de proyectos impulsados por los gobernadores que refuerzan la distribución federal de recursos, en abierta confrontación con la Casa Rosada. La iniciativa obtuvo el respaldo de más de dos tercios de los senadores presentes (56 votos a favor y sólo uno en contra) y visibilizó la fragilidad del oficialismo libertario en el Congreso.

Entre los proyectos con media sanción destacan el reparto automático del 1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la redistribución del impuesto a los combustibles, que elimina seis fideicomisos nacionales para beneficiar a las provincias. En detalle, la nueva distribución establece que un 57,02% irá a las provincias, un 28,69% al sistema previsional y apenas un 14,29% quedará para el Tesoro Nacional.

La votación representó una muestra de unidad entre gobernadores peronistas, radicales y provincialistas, incluyendo apoyos inesperados de sectores habitualmente cercanos al Gobierno. Los senadores de Córdoba, Santa Cruz, Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Chubut, Santa Fe, Corrientes y Misiones acompañaron la medida, marcando una clara distancia con la administración nacional.

Durante la sesión, no faltaron momentos de tensión: el sistema de votación se interrumpió y al senador José María Carambia (Santa Cruz) se le impidió el ingreso temporal al recinto por no usar corbata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incluso pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que levante la sesión, sin éxito. Finalmente, tras no poder frenar la mayoría opositora, el bloque oficialista de La Libertad Avanza abandonó el recinto.

Además del reparto de recursos, el Senado convirtió en ley el aumento del 7,2% en las jubilaciones, el incremento del bono previsional de $70.000 a $110.000, y la declaración de emergencia para el sector de la discapacidad hasta 2027. También se revirtió el veto presidencial por la emergencia climática en Bahía Blanca, lo que deberá ser refrendado por la Cámara de Diputados.

Ante este escenario adverso, el presidente Javier Milei anunció que vetará las leyes aprobadas y que, en caso de que el Congreso logre insistir con su sanción, judicializará la cuestión. “Vamos a vetar. Y, aun si se cae el veto, lo vamos a judicializar”, reiteró el mandatario, en línea con lo expresado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Desde el oficialismo argumentan supuestas irregularidades en la convocatoria de las comisiones y cuestionan la validez de la sesión. Sin embargo, expertos como el constitucionalista Félix Lonigro aseguraron que el procedimiento fue legal: “La convocatoria fue válida, y si hubo dos tercios para el tratamiento sobre tablas, los dictámenes también lo son”.

La disputa ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde los gobernadores buscarán repetir la hazaña del Senado y consolidar una agenda alternativa al ajuste de la Casa Rosada. La pulseada por el federalismo fiscal está más viva que nunca.