Argentina apeló el fallo de la jueza Preska que ordena transferir el 51% de las acciones a fondos buitres

El Gobierno argentino presentó una apelación formal contra el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management. La decisión judicial surge del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012 y contempla una indemnización de 16.099 millones de dólares, a pagar en acciones Clase D de la compañía.

La apelación fue presentada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, y responde a un pedido previo de ejecución realizado por los litigantes el lunes pasado. Los fondos, que adquirieron los derechos del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), ya habían intentado cobrarse con activos de Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y el Banco Central, sin éxito.

Por qué Argentina apeló de forma anticipada

Fuentes cercanas al caso explicaron que la apelación fue presentada antes de que Preska resolviera el pedido de suspensión (“stay”), para anticiparse a una posible orden de embargo sobre activos argentinos en Estados Unidos. Con esta jugada, buscan que un tribunal de alzada intervenga cuanto antes y dilate el proceso.

En este juicio, YPF no forma parte directa del litigio, ni tiene abogados involucrados. La jueza excluyó a la empresa del centro del conflicto y apuntó contra el accionar del Estado nacional, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Así lo explicó el presidente de YPF, Horacio Marín, quien remarcó: “Burford hizo un juicio a YPF y al Estado nacional. La jueza falló a favor de YPF y en contra de la República. No puedo opinar”.

Los argumentos de la apelación argentina

Los abogados del Estado argumentaron que se trata de un caso sin precedentes y jurídicamente complejo, que incluso generó preocupación dentro del propio Gobierno de Estados Unidos. Existe el temor de que habilitar embargos de este tipo violen la soberanía de otros países y sienten una jurisprudencia riesgosa, permitiendo eventuales represalias en el futuro.

Además, destacaron que la ejecución del fallo forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional, en particular la Ley 26.741 que establece que las acciones de YPF expropiadas en 2012 solo pueden ser transferidas con una ley aprobada por dos tercios del Congreso. “No se pueden entregar sin aval parlamentario”, enfatizó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, citado incluso en documentos del fondo Eton Park.

Otro punto clave es el daño irreparable que implicaría el cumplimiento de la sentencia, con pérdida de control estatal sobre la empresa y afectación a terceros como provincias productoras y bonistas. La defensa también remarcó que los demandantes no sufrirán un perjuicio inmediato si se suspende la ejecución, ya que legalmente la venta de las acciones no puede realizarse de forma forzada.

Otra causa, el mismo conflicto

La apelación presentada también abarca otro proceso en marcha: el caso Bainbridge, derivado del default de 2001, donde Preska también ordenó entregar acciones de YPF como compensación. Allí, los abogados advirtieron que el cumplimiento del fallo sería incompatible con el dominio público de los recursos hidrocarburíferos que garantiza la ley argentina.

Finalmente, la defensa enfatizó que no hay antecedentes en la jurisprudencia estadounidense que respalden la ejecución de activos de un Estado en las condiciones propuestas por la jueza Preska, lo que refuerza —según sostienen— las posibilidades de revertir el fallo en instancias superiores. Mientras tanto, la batalla legal por YPF continúa en uno de los tribunales más sensibles de la justicia internacional.