El Senado se le planta a Milei en una jornada clave: avanza una rebelión legislativa y el Gobierno responde con maniobras oscuras

Este jueves el Senado se convirtió en el epicentro de una fuerte pulseada institucional que puede significar un duro revés político para el presidente Javier Milei, quien enfrenta un frente opositor consolidado que exige respuestas en temas sociales y federales urgentes, mientras su Gobierno recurre a chicanas reglamentarias y presiones internas para frenar el avance legislativo.

Autoconvocados y decididos, los bloques opositores se presentaron en el recinto para sesionar y discutir una batería de proyectos que exponen el desinterés absoluto del oficialismo por los sectores más vulnerables, las provincias y la transparencia institucional. Entre los temas centrales están el aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en Discapacidad, el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, demandas que vienen siendo sistemáticamente ignoradas por el Poder Ejecutivo.

La decisión de avanzar sin el aval de la Casa Rosada fue comunicada el día anterior a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en una reunión en la que intentó —sin éxito— dilatar la sesión. La estrategia del Gobierno, una vez más, fue boicotear la institucionalidad en lugar de brindar soluciones: el secretario parlamentario Agustín Giustinian publicó una resolución insólita para desconocer los dictámenes de comisión ya firmados, alegando supuestas “irregularidades procedimentales”.

En lugar de respetar el reglamento y permitir el debate democrático, el oficialismo recurre a una burda maniobra administrativa para bloquear proyectos con amplio respaldo social y político, como el aumento del bono de $70.000 a $110.000 para jubilados que cobran la mínima, o la continuidad de la moratoria previsional que venció en marzo y dejó a miles de personas sin la posibilidad de acceder a un haber básico.

La actitud del Gobierno provocó un duro cruce con José Mayans, jefe del interbloque peronista, quien directamente pidió la renuncia de Giustinian por “operar a favor del Ejecutivo” y socavar el funcionamiento del Senado. También fue cuestionado el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, quien había prometido abrir las comisiones, pero faltó a su palabra.

La autoconvocatoria de los senadores revela el creciente aislamiento del Gobierno, que no solo le da la espalda a los jubilados, a las personas con discapacidad y a las provincias, sino que pretende vetar cualquier medida que no se alinee con su visión ultraliberal y autoritaria.

Los gobernadores, hartos del maltrato financiero y del uso discrecional de los recursos nacionales, empujan los proyectos de coparticipación del impuesto a los combustibles y el giro automático de ATN, buscando garantías frente a un Estado nacional que centraliza fondos y castiga políticamente a quienes piensan distinto.

El panorama es claro: mientras Milei se enorgullece de vetar leyes que benefician a los más postergados y se atrinchera en un dogmatismo libertario que ya no convence ni a sus aliados, el Senado avanza y expone las profundas contradicciones de un Gobierno incapaz de gestionar, dialogar y respetar las reglas democráticas.

Hoy no solo se debate una serie de leyes: se debate el límite de un presidente que cree que puede gobernar sin Congreso, sin Justicia y sin pueblo. Y ese límite empieza a dibujarse en un recinto donde, pese a las trabas, la política empieza a despertar.