

En una decisión que marca un antes y un después en la política energética argentina, el Gobierno nacional oficializó este lunes 7 de julio la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, un megaorganismo que fusiona al ENRE y al Enargas, y desreguló por completo el mercado eléctrico mediante una reforma estructural sin precedentes.
Ambas medidas quedaron establecidas a través de los decretos 452 y 450/2025, publicados en el Boletín Oficial, y responden a los lineamientos de la Ley de Bases (27.742), recientemente prorrogada por el Congreso. El nuevo ente regulador, que operará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, tendrá un plazo de 180 días para su puesta en funcionamiento y buscará centralizar, simplificar y modernizar la regulación energética, con foco en eficiencia, transparencia y adecuación a estándares internacionales.
“La unificación del Enargas y el ENRE representa un paso significativo para reorganizar el sistema energético y adaptarlo a un modelo moderno, con menos burocracia y mayor previsibilidad para usuarios e inversores”, afirmaron desde Economía.
Paralelamente, el Decreto 450/2025 redefine completamente el régimen eléctrico nacional. Se habilita la libre competencia, la contratación directa entre privados, la apertura al comercio internacional de energía eléctrica y la posibilidad de que los usuarios elijan libremente a su proveedor. Además, se prohíbe incluir impuestos locales u otros cargos no vinculados directamente con el servicio en la factura eléctrica.
“Durante más de 20 años, el Estado gastó más de USD 105.000 millones en sostener un sistema manipulado, cerrado y sin incentivos. Eso se terminó. Comienza una nueva etapa basada en la libertad y en reglas de mercado claras”, sostuvieron fuentes oficiales.
Como parte de esta transformación estructural, el Gobierno también anunció un plan de ampliación del transporte eléctrico nacional, con una inversión estimada en más de USD 6.600 millones por parte del sector privado. El plan contempla 5.610 nuevos kilómetros de líneas de alta tensión, lo que representa un incremento del 38,3% respecto de la red actual. Las obras estarán a cargo de empresas concesionarias y buscarán eliminar cuellos de botella y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El decreto prevé además un período de transición de 24 meses, durante el cual se adecuarán todas las normativas complementarias, garantizando una implementación gradual y previsible.
Con estas medidas, el Ejecutivo nacional apunta a convertir al sistema energético en una plataforma clave para el desarrollo económico del país, promoviendo inversiones de largo plazo, mayor autosuficiencia financiera y un servicio más eficiente para los usuarios.