El Gobierno apelará el fallo de Preska y advierte sobre un “daño irreparable”

El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza estadounidense Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera. El escrito, presentado por la defensa argentina, sostiene que el dictamen judicial implica una invasión a la jurisdicción soberana del país y generaría “un daño irreparable” de concretarse.

“El fallo excede la autoridad de la jueza”, aseguraron los abogados del Estado, al tiempo que remarcaron que la entrega de acciones “es material y legalmente imposible” sin una votación del Congreso Nacional, que debería aprobarlo con una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas; es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, se lee en el escrito presentado ante la corte de Nueva York.

La defensa también advirtió que, si se llegara a concretar la transferencia de acciones y los fondos beneficiarios decidieran venderlas, el daño ya no tendría marcha atrás: “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”. Por eso solicitaron una suspensión provisional mientras se resuelve la apelación en una instancia superior.

El Gobierno, que todavía no presentó la apelación formal por las complejidades técnicas de la causa, confirmó que lo hará antes de que venza el plazo de 14 días hábiles establecido por la magistrada. En la estrategia legal trabajan la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy —cercana a Santiago Caputo—, y el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

En paralelo, desde algunos sectores judiciales y políticos reconocen que una eventual negociación con los fondos demandantes podría ser una salida viable, aunque para eso se requeriría autorización parlamentaria. Un camino que, en el contexto actual, luce cuesta arriba para el oficialismo, que no cuenta con mayoría legislativa.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió al tema y calificó el fallo como “jurídicamente inaplicable”. En su cuenta de X (ex Twitter), afirmó: “La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”.

Mientras tanto, la causa YPF continúa tensando la relación entre el Poder Judicial de Estados Unidos y la defensa de la soberanía argentina. El caso pone en jaque no solo el control estatal sobre la principal empresa energética del país —que emplea a más de 23.000 personas—, sino también los límites de la jurisdicción internacional sobre decisiones políticas adoptadas por gobiernos soberanos.