Río Negro busca flexibilizar incompatibilidades para contratar médicos de otras provincias

En medio de una crisis estructural en el sistema de salud público, el gobierno de Río Negro busca avanzar con una reforma legislativa que permita contratar médicos que ya prestan servicios en otras provincias, siempre que no haya superposición horaria. El proyecto fue enviado este lunes por el Poder Ejecutivo y ya recibió dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Sociales, con vistas a ser debatido en la sesión legislativa del próximo jueves.

 

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, fue la encargada de defender la iniciativa ante legisladores. Argumentó que la provincia enfrenta “una carencia crítica de personal médico en todos los niveles de atención”, especialmente en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos. La solución, explicó, pasa por revisar el régimen de incompatibilidades vigente, que en su estado actual impide la incorporación de profesionales que ya se desempeñan en otros organismos públicos.

 

La iniciativa busca modificar la Ley 3550 de Ética Pública y plantea excepciones que permitan, por ejemplo, contratar a médicos que ya trabajan en organismos públicos de otras provincias o a nivel nacional o municipal, siempre que no excedan las 44 horas semanales y no haya solapamientos en los horarios.

 

Además, elimina la exigencia de residencia en territorio rionegrino, permitiendo incorporar a profesionales con domicilio en otras provincias, como Neuquén o Buenos Aires, algo que —según Lastra— “ya ocurre de facto en muchos casos donde se comparten especialistas entre jurisdicciones”.

 

El problema, admitió la funcionaria, es que el sector privado ofrece condiciones más atractivas, con menor carga horaria y mejores salarios. “No solamente no tenemos suficientes médicos, sino que nuestras ofertas laborales no son apetecibles”, indicó.

 

Una excepción que apunta solo a médicos

El proyecto aclara que la excepción rige únicamente para profesionales médicos, y no abre la puerta a contrataciones externas para otras áreas del Estado. Las modalidades contempladas incluyen guardias, consultas ambulatorias y otras prestaciones específicas en centros públicos.

 

La reforma contempla un escenario “excepcional y de interés público” para justificar estas contrataciones, y busca evitar “la pérdida de profesionales altamente capacitados que deben optar por un único empleador”.

 

Si bien la propuesta fue aprobada en comisión, no hubo un respaldo unánime. Desde el bloque Vamos con Todos, su presidente José Luis Berros criticó la forma en que se introdujo el expediente: “No es serio aprobar leyes de la noche a la mañana, sin siquiera haberlas leído”, denunció, dejando en suspenso la postura que tomará su bancada en el recinto.

 

Un contexto de escasez

La cartera de Salud informó que, en marzo, logró contratar solo 89 médicos tras un amplio llamado nacional. El número está lejos de cubrir la demanda, especialmente en hospitales cabecera y centros de atención primaria.

En sus fundamentos, el proyecto advierte que otras provincias ya adoptaron medidas similares, permitiendo la acumulación de cargos médicos bajo determinadas condiciones, y considera clave adoptar esa lógica para evitar un deterioro mayor del sistema sanitario.

 

El proyecto será tratado en el recinto este jueves, y todo indica que el oficialismo buscará aprobarlo con rapidez ante la urgencia del problema sanitario. La medida aparece como una salida pragmática frente a la falta de oferta laboral en el sector, en un contexto de agotamiento presupuestario y crisis de infraestructura.

 

Mientras tanto, persiste el debate de fondo sobre cómo hacer sostenible un sistema público que compite con el sector privado sin los mismos recursos, y cómo atraer talento médico sin deteriorar las condiciones laborales existentes.