

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional si se confirma la eliminación de los aranceles a productos tecnológicos ensamblados en la isla, medida que podría afectar a unos 8.500 puestos de trabajo en la industria electrónica.
El gobernador Gustavo Melella advirtió que su administración avanzará con una demanda si se oficializa la resolución anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Vamos a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado”, afirmó el mandatario, quien acusó al oficialismo de actuar “con violencia y soberbia” y de “faltarle el respeto al pueblo fueguino”.
La medida fue duramente cuestionada desde distintos sectores fueguinos, que no fueron consultados previamente sobre el proyecto. “Desde la Casa Rosada no le avisaron a nadie, ni siquiera a los referentes de La Libertad Avanza en la provincia”, señaló Melella en declaraciones radiales.
Además, apuntó directamente contra las declaraciones del diputado José Luis Espert y del ministro Federico Sturzenegger, quienes sugirieron convertir a Tierra del Fuego “en un parque de diversiones”. “Hablan con una lógica porteña, subestiman nuestra realidad productiva”, dijo el gobernador. “Son empleos que se pierden. Ya lo vivimos en la gestión de Macri con el caso de las notebooks”.
La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar: todas las fábricas electrónicas de la provincia iniciaron un paro por tiempo indeterminado en rechazo a la posible medida. Melella respaldó la medida sindical y advirtió sobre el impacto económico más allá de las plantas industriales: “Cuando se pierde un empleo industrial, se afecta a toda la comunidad: al taxista, al almacenero, al que tiene una cabaña en Tolhuin”.
Desde el sector empresarial, la presidenta de AFARTE, Ana Vainman, mostró preocupación pero también cautela. Aunque destacó que la posible simplificación aduanera podría generar cierta eficiencia logística, advirtió que aún no se conoce el texto oficial. “La baja de impuestos internos no implica automáticamente una baja de precios. El stock actual ya absorbió esos costos”, aclaró.
También, aseguró que están trabajando en conjunto con los funcionarios del Gobierno nacional para comprender las medidas y asegurar la industria local y los puestos de trabajo, en tanto que cuestionó la baja de precios anunciada por el vocero presidencial: “El ejemplo que se dio sobre la reducción de precios de teléfonos celulares se refería a productos importados, no a los fabricados en Tierra del Fuego. Además, la baja de impuestos internos no se traducirá de inmediato en precios más bajos, ya que el impuesto se paga por adelantado y el stock actual en el mercado ya lo ha absorbido”, aclaró.
Por su parte, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, calificó la medida como “una amenaza directa a la soberanía productiva” y alertó sobre el riesgo de “miles de despidos y menor competitividad”.