El Gobierno anunció una nueva política migratoria por decreto

En plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional decidió avanzar con una reforma migratoria de alto impacto político y social. La medida, anunciada por el vocero presidencial y candidato a legislador Manuel Adorni, incluye restricciones al acceso a servicios de salud y educación para inmigrantes, aceleración de deportaciones y nuevos requisitos para ingresar al país, todo enmarcado en una narrativa de "orden y seguridad" que busca consolidar apoyos en un electorado polarizado.

 

Sin preguntas de la prensa y en un escenario cuidadosamente armado, Adorni estuvo flanqueado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Allí detalló que los inmigrantes ilegales, residentes temporales y transitorios deberán pagar por la atención médica y que solo se cubrirán emergencias. Además, se exigirá un seguro médico al ingresar al país, lo que representa un cambio de paradigma frente a la tradicional política migratoria argentina, que históricamente garantizaba derechos básicos a todas las personas, independientemente de su estatus legal.

 

La medida también habilita a las universidades públicas a cobrar a estudiantes extranjeros, aunque respetando su autonomía institucional. Y tal vez lo más controvertido: se establecerá la deportación directa de extranjeros condenados por delitos, y se limitarán los tiempos para apelar esas expulsiones.

 

Desde el Ejecutivo sostienen que buscan "ordenar" y evitar abusos del sistema por parte de quienes “vienen de turistas a beneficiarse de servicios sin aportar”. Adorni sostuvo que “el que paga impuestos tiene derecho”, pero “el que viene en un tour no puede recibir la misma salud ni educación universitaria”. A su lado, Bullrich fue aún más tajante: “Delincuente, afuera”.

 

¿Seguridad o campaña?

Lo que subyace detrás de estas declaraciones es una estrategia electoral clara: tensionar el discurso migratorio en un contexto de crisis económica, inseguridad y malestar social. La decisión de oficializar el endurecimiento de la política migratoria en medio de la campaña porteña no es casual. Milei y su equipo buscan consolidar un voto de derecha dura, apelando a un electorado que reclama respuestas rápidas frente al delito y ve en la inmigración una amenaza, en especial en barrios del sur de la ciudad.

 

Pero el impacto real va más allá de lo electoral. Organizaciones de derechos humanos, académicos y especialistas en migraciones alertan sobre una posible estigmatización de las comunidades migrantes, el debilitamiento de los lazos de integración y una regresión frente a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

 

Los datos oficiales indican que el 40% de los 4.300 extranjeros detenidos en CABA en el último año y medio fueron por robos o hurtos, una cifra que el Gobierno usó como argumento central. Sin embargo, no se ofreció una desagregación completa de los datos, ni se abordaron otras causas sociales o estructurales vinculadas al delito. Tampoco se aclaró si estas medidas afectarán a migrantes ya residentes o solo a quienes ingresen a partir de ahora.

 

Además, la ministra Bullrich deslizó que “mañana” habría más anuncios, aunque luego se desdijo. El traspié no pasó desapercibido y reveló cierta improvisación o estrategia comunicacional basada en generar expectativa e impacto en los medios.

 

Un giro con riesgos

 

Esta reforma migratoria marca un giro restrictivo sin precedentes desde la derogación del decreto 70/2017 durante la presidencia de Alberto Fernández. Aquella normativa, impulsada por Mauricio Macri y también defendida por Bullrich en su momento, había sido cuestionada por organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su restauración, directa o indirecta, podría poner a la Argentina nuevamente en la mira internacional.

 

En definitiva, el Gobierno parece apostar por una lógica de “shock discursivo” que refuerza su narrativa de orden, austeridad y mano dura. Pero el costo social puede ser alto: precarización de derechos, profundización de la desigualdad y ruptura del tejido social en un país que históricamente construyó su identidad con base en la inmigración.