Tensión por la barrera sanitaria: en una reunión clave las provincias patagónicas resiste la avanzada de Milei y defiende su economía regional

Mientras el gobierno de Javier Milei insiste con derribar la histórica barrera sanitaria que protege a la Patagonia del ingreso de carne con hueso, las provincias del sur se preparan para dar pelea en defensa de sus economías regionales. Este lunes, el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, y el titular del Senasa, Pablo Cortese, encabezarán una reunión clave con la Mesa de Enlace y los ministros productivos de las cinco provincias patagónicas, incluyendo Río Negro y Neuquén, que expresarán su rechazo a la medida.

Desde la gestión nacional, la decisión se presenta como técnica, pero en los hechos tiene un fuerte trasfondo político. "La decisión es política", reconocen incluso dentro del propio Gobierno, que busca avanzar con la medida bajo el argumento de que podría reducir el precio del asado, una promesa difícil de cumplir según los propios productores, quienes advierten que los costos logísticos y de transporte anularían cualquier beneficio para el consumidor.

La apertura de la barrera sanitaria fue celebrada por algunos sectores del centro del país, como el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien calificó la restricción como "una histórica traba a la expansión económica provincial". Sin embargo, en la Patagonia, la lectura es diametralmente opuesta: permitir el ingreso de carne con hueso desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa pondría en jaque el estatus sanitario diferencial de la región, clave para exportaciones y competitividad internacional.

Los gobiernos patagónicos, que hasta ahora han mostrado mayor cohesión y firmeza que otras regiones del país frente al ajuste libertario, entienden la jugada del Ejecutivo nacional: desproteger la región para complacer a los sectores ganaderos del centro del país, debilitando las estructuras productivas del sur. Todo esto en medio de una creciente necesidad de Milei de negociar con los bloques provinciales del Congreso, donde los partidos patagónicos tienen peso propio.

"El gobierno nacional necesita a los provinciales para sostener su débil frente legislativo, pero no duda en avanzar sobre sus intereses cuando se trata de seguir imponiendo su modelo centralista y desregulado", señalaron desde el entorno de un gobernador patagónico.

Además, desde Buenos Aires también hay resistencia a modificar el mapa sanitario: extender la frontera libre de aftosa sin vacunación impediría el ingreso de reses provenientes de Santa Fe y Córdoba, afectando la cadena de producción de carne en la provincia que representa el 37% del total nacional. Un conflicto que, lejos de resolverse, parece trasladarse.

La presión del campo y el lobby de las grandes faenadoras buscan imponer una lógica de mercado que ignora la singularidad sanitaria y productiva de la Patagonia. Mientras tanto, en voz baja, funcionarios nacionales admiten que la medida forma parte de una negociación mayor, que incluye el DNU de Milei, acuerdos con el FMI y hasta los pliegos de jueces de la Corte Suprema.

En este contexto, el sur se mantiene firme. Los ministros de Producción de las provincias patagónicas, con respaldo técnico y político, asistirán hoy a la reunión sin muchas ilusiones de frenar el embate libertario, pero con la convicción de que ceder la barrera sería abrir la puerta a un nuevo ciclo de perjuicios económicos y sanitarios.

La Patagonia vuelve a estar en la mira de un gobierno que, mientras predica sobre la libertad de mercado, desatiende las particularidades regionales y pone en riesgo años de trabajo sanitario, exportaciones y soberanía económica.