Advierten serias irregularidades en la licitación de la Hidrovía

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció irregularidades en el proceso licitatorio para la concesión de obra pública por peaje en la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como Hidrovía. El procedimiento está a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Advertencias del dictamen

En su informe, emitido en el marco del Expediente PIA n.º 126/2022, el fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar fiscal Esteban Luis Venditti destacaron la importancia estratégica de la Hidrovía para la economía argentina y su impacto en el comercio regional e internacional.

El documento, dado a conocer por la Agencia Noticias Argentinas, señaló la ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados y la falta de cumplimiento del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que exige la intervención del Ministerio de Economía para aprobar los pliegos de bases y condiciones.

Posible direccionamiento y riesgos administrativos

La PIA también recibió denuncias de potenciales oferentes, quienes alertaron sobre un posible direccionamiento del proceso hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal. Esta situación, también advertida por diputados nacionales, podría afectar la igualdad, transparencia y concurrencia en la selección de contratistas del Estado.

El organismo advirtió que los errores en la redacción de los pliegos podrían derivar en consecuencias graves:
"Las omisiones en las cláusulas pueden llevar a una adjudicación pasible de reproches administrativos o incluso penales".

Antecedentes y recomendaciones

La PIA ya había intervenido en la Licitación Pública de Etapa Múltiple n.º 13/2021, en la que detectó irregularidades y propuso recomendaciones para evitar su repetición.

Finalmente, el dictamen instó a la Agencia Nacional de Puertos a garantizar que el proceso licitatorio respete los principios de juridicidad, razonabilidad, transparencia y publicidad, señalando que toda contratación debe ajustarse al marco legal interno y a los compromisos internacionales asumidos por el país.