Figueroa anunció que no privatizará las empresas públicas provinciales pero si exige un control exhaustivo del gasto

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ordenó un ajuste en las empresas públicas de la Provincia, exigiendo mayor eficiencia y reducción de gastos, sin contemplar la privatización. En una reunión con directores y presidentes de los organismos, instó a implementar medidas de optimización y anunció auditorías para garantizar una administración más transparente.

El encuentro, realizado en Junín de los Andes, tuvo lugar luego de una reunión de gabinete en el marco del combate al incendio en el Parque Nacional Lanín. Figueroa dejó en claro que las empresas públicas deben alinearse con su política de “ordenar para redistribuir” y contribuir al esfuerzo general de ajuste en el Estado.

Entre las principales medidas, el gobernador solicitó a los directivos reducir sus sueldos como un “gesto político” hacia la ciudadanía. Además, se exigió que cada empresa presente mensualmente un informe detallado de sus ingresos y egresos, con el fin de transparentar la gestión y optimizar el gasto salarial.

En la reunión participaron representantes de varias entidades provinciales, como el Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gas y Petróleo (GyP), NeuquénTur, Hidenesa, el EPAS, el EPEN y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Muchas de ellas, a pesar de prestar servicios esenciales, operan con déficit financiero, lo que refuerza la necesidad de ajustes.

Uno de los casos más críticos es el del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), cuyo presupuesto 2025 prevé gastos por 78.667 millones de pesos, con más del 41% destinado a salarios. Los ingresos del organismo, provenientes del cobro de servicios, solo alcanzarán los 27.000 millones, por lo que el resto deberá ser cubierto por el gobierno provincial.

Por otro lado, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) presenta una realidad diferente, con un presupuesto de 308.416 millones de pesos, de los cuales 208.000 millones provendrán del cobro de energía. En su caso, el gasto salarial representa un 21% del total, con una planta de más de 820 empleados permanentes.

Con este plan de ajuste, Figueroa busca mejorar la eficiencia del Estado sin recurrir a privatizaciones, pero con un fuerte control sobre el manejo de recursos en las empresas públicas. La implementación de tecnología y la optimización de la gestión serán claves para alcanzar los objetivos planteados por el mandatario provincial.