El Gobierno cede ante la oposición y reduce el plan de privatizaciones

El Gobierno envió al Congreso una nueva propuesta para avanzar con el proyecto de ley de emergencia económica, que incluye una reducción del número de empresas estatales que se podrían privatizar y una mayor transparencia en el proceso.

La iniciativa, que había generado fuertes críticas y resistencias de la oposición y de algunos sectores sindicales, buscaba otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias para reestructurar el sector público y vender hasta el 100 % de las acciones de 41 empresas y sociedades del Estado.

Sin embargo, tras horas de negociaciones y presiones, el Gobierno decidió modificar el texto original y retirar del listado a nueve empresas, entre ellas YPF, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Además, se estableció que otras empresas, como Arsat, Nucleoeléctrica y el Banco Nación, no se podrán privatizar totalmente, sino que se podrán convertir en sociedades mixtas, con participación mayoritaria o minoritaria del Estado.

De esta manera, el listado final quedó conformado por 29 empresas, que se agruparon en distintos artículos según su naturaleza jurídica y su actividad económica, para facilitar su tratamiento y eventual aprobación en el Congreso.

La nueva propuesta también incorporó un mecanismo de control y rendición de cuentas, por el cual el Gobierno deberá elaborar y publicar un informe integral sobre cada empresa que se pretenda privatizar, con información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.

El Gobierno espera que con estas modificaciones pueda lograr el consenso necesario para aprobar el proyecto de ley, que considera clave para enfrentar la crisis económica y financiera que atraviesa el país.

La oposición, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre la nueva propuesta, pero se espera que mantenga una postura crítica y exigente, y que plantee más cambios y condiciones para acompañar el proyecto.