El retiro del Estado nacional del financiamiento de buena parte de la obra pública obligó a los gobernadores a buscar alternativas para mantener sus proyectos. En Neuquén, Rolando Figueroa encontró en Vaca Muerta una fuente de recursos para sostener su agenda de infraestructura, en un esquema que convierte a las empresas petroleras en actores centrales de la inversión provincial.
La estrategia combina bonos por concesiones hidrocarburíferas, adelantos de regalías y acuerdos para financiar trabajos específicos. Aunque permite acceder a fondos sin depender exclusivamente de la recaudación propia, no todos los montos representan dinero nuevo ni están disponibles de inmediato. En algunos casos, la Provincia deberá devolver los anticipos con ingresos futuros; en otros, los aportes dependen de condiciones que todavía deben cumplirse.

Uno de los antecedentes fue la transferencia de activos de ExxonMobil a Pluspetrol en 2024. La operación incluyó un bono de US$100 millones para Neuquén, destinado a infraestructura, en el marco de la autorización provincial para concretar el traspaso de áreas como Bajo del Choique-La Invernada y la participación de ExxonMobil en Oldelval. El acuerdo mostró cómo los movimientos empresariales dentro de la industria pueden convertirse en una vía extraordinaria de financiamiento para el Estado provincial.
Durante 2025, las concesiones no convencionales otorgadas a YPF en Narambuena, Aguada de la Arena y La Angostura Sur I y II también incorporaron compromisos para obras viales, infraestructura gasífera y responsabilidad social empresaria. El desarrollo anunciado contempló inversiones superiores a los US$12.900 millones y la perforación de 700 pozos horizontales. Sin embargo, esas cifras corresponden al conjunto de inversiones y compromisos del proyecto, no a fondos que puedan contabilizarse directamente como recursos disponibles para obras públicas.
En 2026, los acuerdos volvieron a crecer. En mayo, Neuquén otorgó cinco concesiones no convencionales en Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte, con un bono de infraestructura de US$158,22 millones. Un mes después se sumó un compromiso de US$175 millones vinculado al proyecto de gas natural licuado (GNL), aprobado por la Legislatura mediante la Ley 3566. Este último aporte está condicionado a la decisión final de inversión, por lo que no equivale a un desembolso garantizado e inmediato.

Uno de los proyectos más importantes es el bypass de Añelo, financiado mediante un fideicomiso privado con aportes de diez operadoras. La iniciativa supera los US$51 millones y contempla unos 51 kilómetros de obras sobre las rutas provinciales 8 y 17 y el Camino de la Tortuga, con el objetivo de desviar parte del tránsito pesado del centro de la localidad. La obra fue adjudicada a la UTE Losi-Rovella y tiene como horizonte de finalización octubre de 2027.
El mecanismo prevé transferir la infraestructura a la Provincia mediante una donación con cargo. También contempla peajes que abonarán las propias empresas por el uso intensivo de la ruta, destinados a contribuir al mantenimiento y al recupero de la inversión. El proyecto busca responder a las necesidades logísticas de la actividad petrolera, que multiplica la circulación de camiones y equipos en una región cuya infraestructura debe adaptarse al ritmo de la explotación.
Otro acuerdo, firmado en septiembre y aprobado en general por la Legislatura el 7 de octubre, prevé US$154,5 millones, ampliables hasta US$177,675 millones, para pavimentar y repavimentar unos 158 kilómetros de las rutas provinciales 7, 8 y 51. El convenio involucra a distintas operadoras y apunta a mejorar los corredores que conectan las áreas productivas. La modalidad elegida, sin embargo, no es un aporte a fondo perdido: funciona como un adelanto de regalías y del canon extraordinario de producción, sin intereses.
Las empresas podrán comenzar a recuperar los fondos después de 30 meses, mediante descuentos que no superen el 20% mensual de los ingresos alcanzados. Así, Neuquén puede ejecutar obras en el presente, pero compromete parte de sus ingresos futuros. El esquema traslada al gobierno provincial el desafío de compatibilizar las devoluciones con el financiamiento de otras políticas y necesidades estatales.
La negociación por el área San Roque, operada por TotalEnergies, incorpora otra pieza al esquema. El entendimiento anunciado contempla un bono cercano a los US$150 millones para reconvertir la concesión a explotación no convencional, sin una rebaja de regalías y en reemplazo de la participación de GyP. El proyecto de shale oil fue asociado a una inversión estimada en US$5.000 millones y a una eventual presentación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, todavía deben completarse los procedimientos legales y resolverse las condiciones vinculadas con Harbour Energy.
La búsqueda de acuerdos también se extiende a actividades por fuera de la explotación hidrocarburífera. El 21 de octubre, once operadoras presentaron 22 iniciativas relacionadas con la producción agrícola y la reutilización de agua de la industria petrolera. La propuesta se vincula con la posibilidad de negociar incentivos impositivos provinciales a cambio de proyectos que contribuyan a diversificar la matriz productiva y reducir el uso de agua dulce en las operaciones.
El esquema representa una alternativa frente a la caída del financiamiento nacional, pero también expone los límites de la estrategia provincial: Neuquén depende cada vez más de su principal actividad económica para sostener inversiones públicas, mientras parte de los recursos comprometidos deberá recuperarse mediante ingresos futuros. Además, los anuncios de bonos, adelantos y proyectos privados no garantizan por sí mismos que las obras se terminen en los plazos previstos.
Para Figueroa, el desafío será demostrar que los recursos generados por Vaca Muerta pueden traducirse en infraestructura que exceda las necesidades operativas de las petroleras. La cantidad de fondos anunciados constituye una oportunidad, pero el resultado deberá medirse en rutas terminadas, mejoras concretas para las localidades y una administración que evite que las obligaciones asumidas hoy reduzcan el margen de acción de la Provincia mañana.