La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ocupa un lugar central en los discursos políticos, pero una propuesta concreta para darle una estructura institucional al reclamo permanece sin avances legislativos conocidos. El proyecto plantea crear una intendencia para Malvinas y otras islas del Atlántico Sur, con funcionamiento transitorio desde Ushuaia mientras continúe la ocupación británica.
La iniciativa ingresó a la Legislatura de Tierra del Fuego en octubre de 2019 y volvió a ser reclamada en febrero de 2025. La falta de avances públicos abre una discusión política sobre el lugar que ocupa la organización institucional del territorio en la agenda provincial y sobre qué medidas pueden acompañar la reivindicación de soberanía.
La propuesta fue presentada como asunto particular 072/19 por Gustavo Feliciano Lattar, Gerónimo Ruiz y Francisco Javier Bayón. El texto contemplaba crear intendencias para el departamento Antártida Argentina y para el área denominada Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, con presupuesto y autoridades propias.
El proyecto fue incorporado al boletín de asuntos entrados de la sesión del 29 de noviembre de 2019. Sin embargo, esa incorporación no significó su aprobación: en los registros públicos consultados no se encontró un dictamen ni una votación posterior sobre su contenido.
En febrero de 2025, Gerónimo Ruiz volvió a reclamar su tratamiento y afirmó que había entregado la iniciativa al exministro Jorge Taiana durante una visita a Río Grande. “No es una ocurrencia ni una expresión de deseos”, sostuvo al defender la propuesta y cuestionar la falta de avances.

Los impulsores reconocieron que la ocupación británica impide instalar una autoridad municipal argentina en Puerto Argentino. Por eso, propusieron que la intendencia funcionara temporalmente desde Ushuaia y desarrollara tareas de seguimiento demográfico, económico y ambiental.
La idea abre interrogantes jurídicos y administrativos. La pertenencia de Malvinas a la provincia no implica, por sí sola, que exista una obligación constitucional automática de crear un municipio. Sería necesario definir por ley su jurisdicción, sus competencias, su presupuesto y el mecanismo para constituir sus autoridades.
La experiencia histórica ofrece antecedentes de presencia institucional argentina en las islas. Durante la década de 1970 hubo acuerdos de comunicación que permitieron desarrollar servicios y vínculos educativos, además de una representación argentina residente. Aquella estructura no era una intendencia, pero demuestra que existieron formas de presencia estatal distintas de la administración municipal.
Cuando se presentó el proyecto, Gustavo Melella era intendente de Río Grande y gobernador electo. Por lo tanto, no le correspondía votar la iniciativa como legislador. Su responsabilidad política debe analizarse desde el papel que pudo asumir posteriormente como gobernador para impulsar, evaluar o descartar una propuesta de estas características.
El Ejecutivo provincial podría promover un análisis jurídico y administrativo, buscar respaldo legislativo o explicar por qué considera inconveniente avanzar. La ausencia de una decisión pública identificable deja abierta la pregunta sobre qué posición tiene el gobierno fueguino frente a la iniciativa.
La discusión también exige considerar los derechos de los habitantes de las islas. La Constitución Nacional establece que la recuperación de la soberanía debe respetar su modo de vida. Cualquier propuesta institucional debería distinguir entre el reclamo argentino frente al Reino Unido y los derechos individuales de quienes residen en el territorio.
La cuestión, por lo tanto, va más allá de crear un cargo o una estructura administrativa. El desafío es determinar si una intendencia transitoria puede aportar una herramienta concreta al reclamo argentino y bajo qué condiciones sería viable. Después de varios años, la propuesta sigue pendiente de una definición política conocida.