El Gobierno de Javier Milei consiguió evitar que la Cámara de Diputados debatiera la derogación del DNU 70/23. La oposición reunió 121 legisladores y quedó a ocho del quórum necesario para abrir la sesión. El resultado favoreció al oficialismo y dejó bajo la lupa el papel de varios gobernadores cuyos diputados no se presentaron, en un escenario de negociaciones abiertas con la Casa Rosada.
No hubo una posición común de todos los mandatarios provinciales. Mientras los espacios vinculados a algunos gobernadores no aportaron al quórum, otros sí enviaron legisladores al recinto. La diferencia quedó expuesta en el comportamiento de los bloques provinciales y mostró que la relación con Milei combina acuerdos, tensiones y estrategias distintas según cada distrito.
Entre los gobernadores señalados por la oposición aparecen Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; e Ignacio Torres, de Chubut. La falta de quórum de sus espacios parlamentarios contribuyó a frustrar la sesión, aunque eso no significa que todos hayan actuado bajo un acuerdo común ni que sus posiciones sean idénticas.
El contraste más visible se produjo dentro de Provincias Unidas. El cordobés Martín Llaryora aportó cinco de sus seis diputados, mientras que el espacio de Pullaro no contribuyó a reunir el número necesario. Por Córdoba se presentaron Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Juan Brügge. Alejandra Torres se ausentó, en línea con sus reparos frente a la estrategia de derogar el decreto completo.
En Salta, dos de los tres diputados vinculados al gobernador Gustavo Sáenz, Bernardo Biella y Pablo Outes, sí dieron quórum. El dato también mostró los límites de cualquier lectura lineal sobre el alineamiento de los mandatarios: las decisiones de sus legisladores no respondieron a un comportamiento homogéneo y hubo diferencias incluso entre dirigentes que mantienen diálogo con el Gobierno nacional.

Las ausencias se produjeron mientras Nación y las provincias negocian distintos asuntos, entre ellos el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y posibles acuerdos políticos y electorales. Esos temas forman parte del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas, aunque no permiten afirmar por sí solos que haya existido un pacto específico para bloquear la sesión.
La oposición cuestionó a los mandatarios y legisladores que, sin integrar La Libertad Avanza, terminaron favoreciendo al oficialismo con su ausencia. Natalia De la Sota sostuvo que algunos dirigentes buscan “congraciarse con el Gobierno nacional”, mientras que otros referentes opositores denunciaron acuerdos políticos que, a su entender, condicionan las decisiones parlamentarias.
Del lado oficialista, Martín Menem celebró el fracaso de la sesión con un mensaje en redes sociales: “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento”. La publicación fue compartida por Milei y reflejó el alivio del Gobierno tras evitar un debate que podía poner en discusión uno de los decretos centrales de su gestión.
La disputa por el DNU quedó atravesada por un cambio de posición del oficialismo sobre la Ley de Tierras. En el dictamen del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el Gobierno y sus aliados reincorporaron límites a la venta de tierras rurales a extranjeros y propusieron dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la Ley Nacional de Tierras Rurales 26.737.
La modificación abrió una nueva instancia de negociación, pero no implica la derogación del decreto en su conjunto. El proyecto todavía debe avanzar en el Congreso y, si recibe aprobación en Diputados, volverá al Senado, donde su sanción no está garantizada.
La oposición cuestionó el cambio de estrategia y sostuvo que la única forma de resguardar la legislación sobre tierras era rechazar el DNU. Mientras tanto, la discusión judicial sobre la aplicación de la Ley de Tierras continúa abierta y mantiene otro frente de incertidumbre sobre el alcance de las modificaciones impulsadas por el Gobierno.
La caída de la sesión permitió que La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el MID evitaran una votación sobre la derogación del DNU. Sin embargo, el resultado no constituye una ratificación parlamentaria del decreto: simplemente impidió que la Cámara iniciara el debate.
El oficialismo convocó a una nueva sesión para el 21 de octubre, con proyectos vinculados a discapacidad y morosidad, mientras busca sostener su agenda legislativa y preservar los canales de negociación con las provincias.
La jornada dejó en evidencia que los gobernadores dialoguistas no conforman un bloque uniforme frente a Milei. Algunos espacios provinciales contribuyeron a frustrar el debate y otros se presentaron para habilitarlo. Esa diversidad de posiciones será central para entender las próximas votaciones y el margen de negociación que tendrá la Casa Rosada con cada mandatario.