Península Magallanes: la venta de tierras suma presión política, judicial y social

La polémica por la venta de tierras en la Reserva Provincial Península de Magallanes, cerca del glaciar Perito Moreno, sumó nuevos capítulos en Santa Cruz. Mientras una presentación judicial busca impedir que se concrete la transferencia, un grupo de diputados impulsa una ley para derogar el decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal que autorizó la operación de manera excepcional.

A esos dos frentes se agregó la posición del intendente de El Calafate, Javier Belloni, quien manifestó su preocupación por el destino de los terrenos y abrió la puerta a una audiencia pública. La controversia ya no se limita a la operación inmobiliaria: también involucra las facultades del Ejecutivo, las normas de protección ambiental y la participación de la comunidad en el desarrollo turístico de la zona.

Diputados buscan derogar el decreto de Claudio Vidal

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y tomó estado parlamentario durante la sesión de la semana pasada. La iniciativa fue firmada por Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic, y propone dejar sin efecto el Decreto 915/2026, dictado el 1 de septiembre.

La norma provincial habilitó, por única vez y con carácter excepcional, una operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U. La compradora es una sociedad constituida en Argentina cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, radicada en Emiratos Árabes Unidos. La transferencia comprende las parcelas G2 y G3, vinculadas al proyecto turístico conocido como Master Plan Ecocentro.

El texto opositor también propone declarar nulos los actos administrativos, permisos, autorizaciones y otros instrumentos que se hayan realizado como consecuencia del decreto. Para avanzar, deberá ser analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Recursos Naturales, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.


 

La disputa por las tierras y las normas ambientales

Uno de los puntos centrales del proyecto es darle rango de ley al Decreto 994/2017, que estableció restricciones para la adquisición extranjera de inmuebles ubicados total o parcialmente en áreas protegidas, reservas y parques provinciales. Los impulsores sostienen que una regulación de esa relevancia no debería quedar sujeta a excepciones particulares dispuestas por el Poder Ejecutivo.

Los legisladores también cuestionan la validez constitucional del Decreto 915 y plantean que una decisión de esas características requería intervención legislativa. Entre sus argumentos mencionan la Ley Provincial 3466, vinculada con la afectación, modificación o desafectación de áreas protegidas, y el Plan de Gestión vigente desde 2022.

La discusión se desarrolla, además, en un escenario atravesado por los cambios normativos nacionales sobre tierras rurales. El amparo presentado ante el Juzgado Federal de Río Gallegos cuestiona la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley Nacional de Tierras Rurales 26.737, y solicita una medida cautelar para suspender los efectos del decreto provincial.
 

El amparo busca frenar la transferencia

La presentación judicial fue impulsada por los diputados Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). La demanda apunta contra el Estado nacional y busca evitar que la operación se consolide antes de que exista una resolución sobre la controversia.

Entre las medidas solicitadas figuran la suspensión de la escrituración, la inscripción registral, la entrega de posesión y la ejecución del proyecto comercial sobre las parcelas involucradas. Los demandantes también cuestionan presuntas irregularidades administrativas y sostienen que debieron intervenir autoridades vinculadas con el régimen federal de zonas de seguridad y la protección ambiental.

Por ahora, la cautelar solicitada no equivale a una suspensión judicial confirmada. La operación permanece bajo discusión y su situación dependerá de las decisiones que adopte la Justicia, además del avance que tenga el proyecto legislativo.
 

Belloni abrió la puerta a una audiencia pública

En paralelo, el intendente de El Calafate expresó su preocupación por la operación y afirmó que el municipio no había sido informado previamente. “No sabemos nada, para nosotros es una sorpresa. Estamos muy preocupados, no tan solo por la venta de tierras a extranjeros, la preocupación más grande que tenemos los calafateños es el fin para el cual se compran las tierras”, sostuvo.

Belloni también manifestó su disposición a acompañar una audiencia pública si las organizaciones de la localidad impulsan la convocatoria. “Para nosotros es importante que los actores principales, que son las instituciones, se expresen, y nosotros seguramente vamos a acompañar”, señaló. Y agregó: “Si quieren hacer una audiencia pública, ahí va a estar el municipio de El Calafate”.

Hasta el momento no hay una convocatoria confirmada. La posibilidad, sin embargo, incorpora otro ámbito de discusión sobre el proyecto y sus consecuencias para la localidad, en particular por la escala del desarrollo turístico y su ubicación en un área protegida.
 

Ecocentro, el proyecto turístico en el centro de la controversia

El Master Plan Ecocentro contempla un complejo con cabañas, un edificio central, caminos, senderos y miradores. Según la información difundida sobre la iniciativa, el desarrollo general prevé 86 cabañas, aunque la autorización otorgada corresponde a una primera etapa.

El conflicto no se limita al origen de los capitales involucrados. También abarca el uso futuro de los terrenos, las condiciones para construir infraestructura en una reserva provincial y el alcance de la participación pública en decisiones que pueden modificar el entorno natural.

Con la discusión abierta en la Legislatura, el expediente judicial en trámite y la posibilidad de una audiencia pública, el futuro de la operación todavía no está definido. El decreto de Vidal continúa vigente mientras no sea derogado o suspendido por una decisión competente, y la transferencia no puede considerarse frenada judicialmente sin una resolución que así lo establezca.