El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a apuntar contra el kirchnerismo a partir de las demoras detectadas en cinco juzgados de primera instancia de Río Gallegos. El relevamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) expuso acumulación de expedientes, sentencias pendientes y escritos sin tramitar, en un nuevo capítulo de la disputa política por el funcionamiento del Poder Judicial provincial.
“La Justicia era la última trinchera del kirchnerismo”, sostuvo Vidal en una publicación en redes sociales. El mandatario vinculó los problemas detectados con el funcionamiento del sistema judicial durante las gestiones anteriores y defendió los cambios institucionales que impulsa desde su llegada al gobierno.
La resolución judicial que originó la controversia fue emitida el 7 de octubre por el presidente del TSJ, Gabriel Contreras Agüero. El tribunal ordenó adoptar medidas urgentes para normalizar el trabajo de los juzgados observados y estableció un plazo máximo de dos meses para corregir las demoras.
Entre las situaciones más relevantes, el Juzgado de Familia N.º 2 registraba 96 sentencias pendientes y 15 resoluciones interlocutorias sin dictar, con expedientes demorados desde febrero de 2025. En el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 1 se detectaron 1.155 escritos acumulados sin asignar ni proveer en sus tres secretarías, además de resoluciones fuera de plazo.
El relevamiento también identificó demoras en el Juzgado de Familia N.º 3 y en las tres secretarías del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 2. En contraste, el Juzgado de Familia N.º 1 mantenía al día el despacho diario y tenía sus resoluciones pendientes dentro de los plazos legales.
El informe del TSJ mencionó factores que contribuyen a las dificultades, entre ellos las medidas de fuerza del gremio judicial, los problemas de infraestructura y las deficiencias en los insumos informáticos. Sin embargo, consideró que la antigüedad y la magnitud de algunos atrasos excedían las dificultades coyunturales y requerían una intervención correctiva.
En su mensaje, el gobernador sostuvo que detrás de cada expediente paralizado hay personas que esperan una respuesta judicial. También cuestionó los más de 30 años de gobiernos kirchneristas en Santa Cruz y afirmó que su gestión busca una Justicia que “no responda al poder político, sino a la ley”.
Entre las medidas que reivindicó mencionó la restitución de Eduardo Sosa como procurador general, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la implementación de concursos para fiscales y defensores. De esa manera, vinculó las reformas institucionales con su objetivo declarado de modificar el funcionamiento del sistema judicial.
Sosa había sido apartado de su cargo en 1995, luego de una reforma provincial que eliminó la figura del procurador general que ocupaba. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en distintas oportunidades su restitución, pero las decisiones no tuvieron cumplimiento efectivo durante décadas.
En junio de 2026, la Legislatura santacruceña aprobó su restitución y Vidal la formalizó mediante el Decreto 0644. Sosa asumió en julio, después de más de tres décadas de reclamos judiciales. Para el gobernador, ese antecedente representa uno de los principales símbolos de las transformaciones que busca impulsar en la provincia.
La resolución del TSJ, sin embargo, no atribuyó los atrasos a una fuerza política ni estableció responsabilidades partidarias. El documento se concentró en las falencias administrativas detectadas y ordenó a la Cámara de Apelaciones elaborar un plan de regularización.
La Cámara deberá informar, dentro de los primeros 15 días, las medidas adoptadas y el cronograma previsto para resolver los problemas. Los juzgados alcanzados tendrán un máximo de dos meses para corregir las demoras señaladas.
El cumplimiento de esos plazos será clave para determinar si las medidas permiten reducir la acumulación de expedientes y normalizar el despacho judicial. Mientras Vidal utiliza el diagnóstico para reforzar sus cuestionamientos al kirchnerismo, la respuesta concreta del Poder Judicial será el principal indicador para evaluar el alcance de las correcciones.