Río Negro destina US$14 millones a electrificar campos y crecen las dudas sobre quiénes se benefician

El Gobierno de Alberto Weretilneck impulsa una obra de electrificación rural que promete reducir costos energéticos y ampliar la producción agropecuaria en el este de Río Negro. Pero el proyecto también abrió una discusión política: qué propietarios recibirán las principales ventajas de una infraestructura financiada, en parte, con un crédito internacional que deberá afrontar la provincia.

La controversia tomó fuerza tras conocerse la compra de un establecimiento de 1.600 hectáreas cercano a Guardia Mitre, atribuida a familiares del expresidente Mauricio Macri. La coincidencia entre la ubicación del campo y el área prevista para la nueva red despertó interrogantes sobre el eventual beneficio privado, aunque todavía falta documentación catastral que permita confirmar el alcance concreto de la obra sobre esa propiedad.


 

Una obra de US$14 millones dentro de un crédito de US$80 millones

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el 5 de agosto de 2026 un préstamo de US$80 millones para el Programa de Desarrollo Productivo Rural de Río Negro, que contempla una contrapartida provincial de US$5 millones. El financiamiento prevé un plazo de amortización de 25 años, cinco años y medio de gracia y una tasa vinculada a la SOFR.

Dentro de ese programa, la electrificación rural en Guardia Mitre contempla una inversión estimada en US$14 millones. La obra prevé unos 85 kilómetros de red de media tensión de 33 kV y tres centros de transformación, con un trazado desde las inmediaciones de General Conesa hacia la Margen Norte del río Negro.

El objetivo es suministrar energía para sistemas de bombeo y riego presurizado. Según las estimaciones oficiales, la infraestructura podría reducir más del 50% del costo energético por hectárea y facilitar una producción agropecuaria más intensiva. Esa mejora puede traducirse en una ventaja económica para los establecimientos alcanzados y aumentar el atractivo productivo de esas tierras.


 

El campo de los familiares de Macri y las dudas sobre el alcance de la red

Durante la segunda mitad de 2025, familiares del expresidente habrían adquirido un campo de 1.600 hectáreas próximo a Guardia Mitre, con sectores de valle y meseta y costa sobre el río Negro. La operación habría superado los US$2 millones. También se informó sobre una consulta de factibilidad eléctrica ante EdERSA, aunque ese trámite no equivale a una autorización definitiva de conexión.

Otro antecedente es la constitución de Agropecuaria Alto Valle SA, publicada en el Boletín Oficial el 9 de diciembre de 2025. La sociedad, integrada por familiares de Macri, tiene entre sus actividades previstas la compra y explotación de campos y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la documentación societaria mencionada no demuestra que el establecimiento de Guardia Mitre forme parte de su patrimonio ni confirma que la nueva red vaya a abastecerlo.

Por eso, la pregunta central todavía requiere información oficial: cuáles son las parcelas alcanzadas, quiénes son sus titulares y qué establecimientos recibirán la mejora energética. La ubicación de la propiedad y el recorrido definitivo de la obra deben cruzarse con datos catastrales para determinar si existe un beneficio directo.
 

La oposición reclama saber quién paga y quién gana

Legisladores de Vamos con Todos y del PJ-Nuevo Encuentro, entre ellos José Luis Berros, Magdalena Odarda y Alejandra Mas, reclamaron precisiones sobre la ubicación, superficie y titularidad de los inmuebles alcanzados por las obras financiadas con recursos del BID. También solicitaron reconstruir adjudicaciones y transferencias de tierras fiscales desde 2012.

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, puso el foco en la distribución de los costos y los beneficios. Planteó que los propietarios que incrementen sus ingresos gracias a la infraestructura deberían reintegrar parte de la inversión y cuestionó las prioridades frente a las necesidades de electrificación de barrios. También mencionó versiones sobre campos vinculados con los Macri, sin presentar esa relación como un hecho confirmado.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, sostuvo que llevar la infraestructura hasta los establecimientos es una primera etapa y que después los propietarios deben realizar inversiones dentro de sus predios. No obstante, ese gasto particular no equivale a devolver el costo de la red pública: en la documentación reseñada no aparece un mecanismo específico para recuperar la inversión entre los beneficiarios rurales.

El programa también proyecta mejorar el servicio de 566 hogares de Guardia Mitre, un componente que debe formar parte de la evaluación integral. Pero el beneficio residencial no reemplaza la necesidad de transparentar cuánto se destina a mejorar el acceso a la electricidad de la población y cuánto a ampliar la capacidad productiva de las explotaciones privadas.

La discusión, en definitiva, no pasa solamente por la conveniencia de llevar energía al campo. También exige conocer la traza definitiva, publicar las parcelas alcanzadas, identificar a sus propietarios y explicar si habrá aportes o mecanismos de recupero. Cuando una obra se financia con deuda pública, la provincia debe poder mostrar cómo se distribuyen sus beneficios y por qué esa inversión resulta prioritaria.