Violencia de género: 613 denuncias que ahora ponen a prueba la respuesta del Estado en Río Negro

El dato ya está sobre la mesa de la Legislatura: 613 denuncias vinculadas con violencia de género en apenas 18 meses. Detrás de esa cifra aparecen intervenciones policiales, medidas de protección y 52 detenciones, pero también una discusión que ahora empieza a tomar forma en el ámbito político: qué hace el Estado después de recibir una denuncia.

La información fue solicitada por la legisladora Ayelén Spósito y corresponde al período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026. El informe oficial permite, además, observar diferencias importantes entre las localidades y dimensionar dónde se concentra la mayor demanda de intervención.
 

El mapa de la violencia: El Bolsón, Bariloche y Viedma

El Bolsón encabeza el relevamiento con 131 denuncias, seguido por Bariloche, con 78. Luego aparecen General Roca, con 52, y Viedma, con 49. También se registraron 47 casos en Cinco Saltos, 44 en Maquinchao, 43 en Cipolletti y 36 en San Antonio Oeste.

El informe policial contempla distintas medidas adoptadas frente a los casos, como prohibiciones de acercamiento y contacto, exclusiones del hogar y otras acciones de protección. También incluye información sobre capacitación del personal policial en violencia de género y violencia familiar.

Para la Legislatura, sin embargo, el valor del relevamiento no estaría solamente en conocer cuántas denuncias se realizaron, sino en determinar si la respuesta institucional resulta suficiente frente a la dimensión del problema.
 

Spósito prepara una iniciativa para cambiar la respuesta

“Estos números tienen que obligarnos a actuar”, planteó Spósito al analizar la información. La legisladora sostuvo que no alcanza con registrar las denuncias si los datos no permiten mejorar las políticas de prevención y protección.

“Pedimos estos datos porque necesitamos saber qué está pasando en Río Negro y cómo está respondiendo el Estado. No alcanza con discursos ni con buenas intenciones: necesitamos información, evaluación y políticas públicas que den respuestas concretas”, afirmó.

Con ese diagnóstico, anticipó que utilizará el relevamiento para elaborar una propuesta legislativa orientada a fortalecer la prevención, el seguimiento y la asistencia frente a situaciones de violencia.


 

De la estadística a una política pública

El desafío que plantea el informe es convertir un conjunto de números en herramientas concretas. La discusión apunta a mejorar la capacidad de detectar situaciones de riesgo, acompañar a quienes realizan una denuncia y hacer seguimiento de las medidas de protección adoptadas.

“La información que obtuvimos no puede quedar archivada en un expediente. Vamos a analizarla y convertirla en una herramienta legislativa”, sostuvo Spósito.

La legisladora insistió en que cada registro representa una situación concreta y no solamente un número dentro de una estadística provincial. En ese sentido, planteó que el objetivo debe ser que el Estado pueda intervenir antes de que los episodios de violencia escalen.

“Detrás de cada denuncia hay una persona. Estos 613 casos no pueden ser solamente una estadística. Son 613 señales de alerta”, remarcó.

El informe abre así una nueva discusión política en Río Negro: si la provincia tiene capacidad suficiente para prevenir, acompañar y hacer seguimiento de los casos una vez que la violencia llega al Estado. Esa será ahora una de las preguntas que deberá responder la iniciativa que prepara la Legislatura.