FOPEA cuestionó el archivo de la causa por amenazas al periodista Gonzalo Santos

El archivo de la causa por amenazas y hostigamiento contra el periodista Gonzalo Santos abrió un frente de cuestionamientos para las instituciones de Río Negro y el gobierno de Alberto Weretilneck. FOPEA expresó su preocupación por la decisión del fiscal jefe Hernán Trejo, mientras continúa sin esclarecerse una pista que involucra una conexión asociada a Erika Leonor Araneda, funcionaria provincial y militante de Juntos Somos Río Negro.

Según la resolución fiscal difundida por Santos y reproducida por medios locales, WhatsApp informó la última dirección IP registrada por la cuenta investigada. Las averiguaciones posteriores de OITEL vincularon esa conexión con Araneda, delegada del Registro Civil en Cipolletti. El hallazgo introdujo una línea relacionada con el oficialismo que el periodista reclama investigar antes de cerrar el expediente. 
 

Erika Araneda: la conexión que lleva al oficialismo de Weretilneck

Araneda aparece identificada en la información publicada como funcionaria provincial y fiscal general de Juntos Somos Río Negro en documentación electoral. Santos también reconstruyó vínculos políticos con el armado de Rodrigo Buteler y Weretilneck en Cipolletti. Su presencia en la investigación coloca el caso dentro del ámbito estatal y partidario que el periodista venía examinando con sus publicaciones. 

La titularidad de la conexión constituye una pista pendiente de esclarecimiento, pero no determina por sí sola quién realizó las amenazas. El propio Santos lo expresó al reclamar nuevas medidas: “Esto no prueba quién hizo qué. Justamente por eso exige investigar”. Su cuestionamiento apunta a que la aparición de una funcionaria en la trazabilidad de la cuenta debía impulsar la pesquisa.
 

Amenazas a Gonzalo Santos: el archivo deja preguntas sobre el poder provincial

La denuncia comenzó después de una secuencia de mensajes dirigidos a la esposa de Santos y una llamada en la que, según registró FOPEA, una voz de mujer le anunció que una persona haría justicia por mano propia. El periodista relacionó el hostigamiento con su trabajo sobre los salarios de funcionarios, las designaciones y el manejo de recursos públicos en Río Negro.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por FOPEA (@fopea)

El cierre de la investigación fue cuestionado por Santos porque dejó sin resolver el alcance del dato técnico. Según la información publicada sobre la revisión del archivo, Trejo reconoció la vinculación de la IP como un dato objetivo, aunque rechazó medidas solicitadas para profundizar esa línea. La controversia compromete la respuesta institucional frente a un periodista que denuncia ataques mientras investiga al poder provincial. 
 

FOPEA reclama garantías para investigar al gobierno de Río Negro

En el pronunciamiento sobre el archivo, FOPEA cuestionó que la evaluación se concentrara en los mensajes escritos, cuando Santos había denunciado que las amenazas fueron realizadas durante una llamada directa. “Quieren tapar la verdad”, sostuvo el periodista, quien considera que la Fiscalía descartó medidas necesarias para esclarecer una posible motivación política detrás del hostigamiento a su familia.

Para el gobierno de Weretilneck, el caso plantea una exigencia política concreta: garantizar que el periodismo pueda examinar la gestión y que cualquier pista vinculada con funcionarios sea esclarecida. FOPEA ya había reclamado a las autoridades rionegrinas condiciones para ejercer la actividad de manera libre y segura. El archivo mantiene abierta la pregunta sobre quién utilizó la cuenta investigada y por qué su última conexión apareció vinculada a una integrante del oficialismo.