Odarda apuntó contra Harbour Energy y el Gobierno de Río Negro tras el avance de la causa federal

La legisladora provincial Magdalena Odarda volvió a cuestionar el ingreso de Harbour Energy al proyecto de Southern Energy y apuntó contra el Gobierno de Río Negro luego de que avanzara en la Justicia Federal una investigación vinculada con los beneficios otorgados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales y representantes de Harbour Energy. La causa tramita bajo el expediente CFP 4810/2026, ante el Juzgado Federal N° 11, y busca determinar si existieron delitos relacionados con el otorgamiento de los beneficios.


 

Harbour Energy, el RIGI y los antecedentes por Malvinas

Odarda recordó que ya en 2025 había denunciado los antecedentes de la petrolera y su presunta incompatibilidad con la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, que establece restricciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en la plataforma continental.

“Lo advertimos cuando muchos eligieron mirar para otro lado. Una empresa con estos antecedentes vinculados a la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas no podía recibir beneficios extraordinarios del Estado argentino como si nada hubiera pasado”, sostuvo la legisladora.

El antecedente se remonta a 2013, cuando Premier Oil fue inhabilitada durante 15 años para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Argentina por realizar operaciones sin autorización argentina en el área de Malvinas. En 2021, la compañía pasó a denominarse Harbour Energy. Actualmente, Harbour integra el grupo empresarial Southern Energy, cuyo proyecto de exportación de GNL en Río Negro fue incorporado al RIGI.


 

Odarda cuestionó al Gobierno de Río Negro

La legisladora también apuntó contra la responsabilidad política del Gobierno provincial. El 14 de abril de 2026, el gobernador Alberto Weretilneck firmó un acuerdo con Southern Energy que posteriormente fue ratificado por la Legislatura de Río Negro y contempló beneficios provinciales para el proyecto.

Odarda recordó que votó en contra de ese acuerdo y que durante aquella sesión había planteado cuestionamientos sobre el entramado societario y su posible relación con las restricciones establecidas por la legislación argentina.

“En Río Negro también tendrán que dar explicaciones. Nosotros denunciamos estos hechos en 2025 ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro y esa presentación fue archivada. La investigación nacional paralela, en cambio, avanzó y hoy llegó a la Justicia Federal”, señaló.
 

La Ley Pino Solanas y el reclamo por Sea Lion

Odarda también pidió que se esclarezca la situación de Bluewater, empresa que fabricó las monoboyas utilizadas en el proyecto VMOS y que posteriormente fue contratada para el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en las Islas Malvinas.

“No alcanza con hablar de soberanía en los discursos. Cambiarle el nombre a una empresa no borra sus antecedentes y ningún régimen de inversiones puede estar por encima de las leyes argentinas”, afirmó la legisladora.

En ese sentido, Odarda insistió en que la Ley Pino Solanas debe cumplirse tanto a nivel nacional como provincial y vinculó el avance de la causa federal con los cuestionamientos que había planteado previamente. “La causa Malvinas se defiende haciendo cumplir la ley”, concluyó.