Denuncia por el RIGI a Harbour Energy: el caso Malvinas vuelve a poner a Río Negro en el centro

La denuncia penal que llegó a Comodoro Py por el ingreso de Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vuelve a poner bajo la lupa un proyecto que tiene una incidencia directa sobre Río Negro. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a funcionarios nacionales y representantes de Harbour Energy por las autorizaciones vinculadas con el proyecto de GNL que prevé instalar dos buques de licuefacción frente a las costas rionegrinas.

El expediente CFP 4810/2026 fue sorteado el 29 de septiembre y quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, subrogado por Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Entre los denunciados aparecen la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; representantes de Harbour Energy Argentina y el abogado Tomás Lanardonne. La presentación menciona posibles delitos que ahora deberán ser investigados por la Justicia.


 

El antecedente que ya había planteado Odarda en Río Negro

El frente judicial nacional tiene un antecedente político y administrativo en Río Negro. En agosto de 2025, la legisladora Magdalena Odarda denunció ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas al gobernador Alberto Weretilneck y a funcionarios de su gabinete por los acuerdos celebrados con el consorcio Southern Energy. La presentación cuestionaba la participación de Harbour Energy por sus antecedentes vinculados con Premier Oil y actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

Odarda sostuvo que existía una relación societaria entre Premier Oil y Harbour Energy que debía ser investigada y planteó que esos antecedentes podían resultar relevantes frente a las restricciones previstas por la legislación argentina para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de Malvinas.

En septiembre de 2025, la legisladora amplió aquella presentación con documentación societaria que, según su interpretación, permitía establecer la continuidad entre ambas compañías. Su planteo fue que el cambio de denominación y la estructura societaria no debían impedir analizar los antecedentes de las empresas involucradas.


 

El GNL rionegrino y una denuncia que ahora llega a Nación

El punto de conexión con Río Negro es Southern Energy, el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El proyecto contempla dos buques de licuefacción frente a las costas rionegrinas, con una capacidad conjunta proyectada de alrededor de seis millones de toneladas anuales de GNL. Harbour posee una participación del 15% en el proyecto.

El Gobierno de Río Negro convirtió al desarrollo en uno de los principales proyectos energéticos de la provincia. La propia administración provincial informó acuerdos con Southern Energy vinculados con el desarrollo del GNL en el Golfo San Matías y destacó el impacto previsto en materia de inversiones, empleo, actividad económica y exportaciones.

La discusión que Odarda había planteado en el ámbito provincial adquiere ahora otra dimensión: la denuncia de la PIA apunta a determinar si las autorizaciones y beneficios otorgados a Southern Energy se ajustaron a derecho y si los antecedentes de Harbour fueron correctamente considerados durante el proceso de incorporación al RIGI.
 

La coincidencia que incomoda al Gobierno

La denuncia judicial se conoció mientras Tettamanti participa en la gira oficial por París, donde el Gobierno busca presentar a la Argentina como un destino atractivo para grandes inversiones y promociona, entre otros sectores, las oportunidades vinculadas con energía y GNL.

La coincidencia coloca al RIGI en el centro de una discusión que excede a Southern Energy. El régimen es una de las principales herramientas del Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones de gran escala, mientras que el proyecto rionegrino es uno de los desarrollos energéticos que busca aprovechar ese marco para llevar gas de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

Por ahora, tanto la causa nacional como los antecedentes planteados por Odarda se encuentran en planos diferentes y no implican responsabilidades penales acreditadas. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades en las decisiones administrativas y qué responsabilidad corresponde a cada uno de los funcionarios o particulares mencionados.

La cuestión vuelve a tener impacto político en Río Negro porque el proyecto cuestionado no es abstracto: tiene sus instalaciones previstas en el Golfo San Matías y cuenta con el respaldo institucional de la provincia. Así, una denuncia originada en las decisiones nacionales sobre el RIGI vuelve a conectar con una discusión que ya había generado cuestionamientos dentro de la política rionegrina por el vínculo entre Southern Energy, Harbour Energy y sus antecedentes empresariales relacionados con Malvinas.