REGIONAL | 30 SEP 2026
CONTROL BIOMéTRICO Y CONFLICTO CON ASSPUR
El Gobierno festeja el control biométrico mientras crecen las dudas por el millonario contrato con Airata
La Provincia presentó como un “revés” para ASSPUR el fin de la cautelar que frenaba el reconocimiento facial en Salud. Detrás del sistema aparece Airata, empresa vinculada a Gabriel De Simone, señalado por distintas publicaciones como cercano a Santiago Caputo.
El Gobierno de Alberto Weretilneck decidió celebrar como una derrota sindical una resolución que, en rigor, permitió que vuelva a regir la obligatoriedad del control biométrico para los trabajadores de Salud. La propia Provincia tituló su comunicación oficial “Revés para ASSPUR, queda firme el control biométrico en Salud”, profundizando una disputa que ya excede la discusión sobre el presentismo.
La decisión ocurre mientras continúa el cuestionamiento sobre el sistema de reconocimiento facial, la utilización de datos biométricos de miles de empleados públicos y el contrato mediante el cual ALTEC incorporó a la empresa Airata S.A. como proveedora de la tecnología. Distintas publicaciones ubicaron inicialmente el costo del esquema en torno a los $1.500 millones, mientras que posteriormente el Gobierno informó un convenio de aproximadamente $1.226 millones.
Control biométrico: el Gobierno convierte una disputa judicial en una pelea política
La Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar presentada por ASSPUR y suspendido provisoriamente la aplicación de la Resolución 986/2026. El planteo sindical apuntaba, entre otros aspectos, al tratamiento de los datos personales y biométricos de los trabajadores.
La cautelar estaba condicionada a la resolución del recurso administrativo presentado por el gremio. Con el Decreto 903, Weretilneck rechazó ese planteo y ratificó la obligatoriedad del reconocimiento facial. La Provincia comunicó luego el agotamiento de la instancia administrativa y utilizó ese paso para anunciar el levantamiento de la suspensión.
Pero el cierre de esa instancia administrativa no equivale a que hayan desaparecido las controversias sobre el sistema. La discusión judicial sobre la legalidad de la obligatoriedad y, especialmente, sobre las condiciones de tratamiento y resguardo de los datos biométricos continúa siendo un punto sensible.
Airata, los millones y la trama empresarial detrás del reconocimiento facial
El otro capítulo incómodo para el Gobierno aparece detrás de las cámaras instaladas en los hospitales: Airata S.A., la firma que aporta el equipamiento y el software para el sistema. La contratación fue canalizada a través de ALTEC, empresa estatal rionegrina, y alcanzaría inicialmente al personal de Salud.
El principal referente de Airata es Gabriel Pablo De Simone. Distintas investigaciones periodísticas señalaron vínculos empresariales de De Simone con OCP Tech a través de MIA ID, una sociedad constituida en 2024 para desarrollar soluciones de identidad digital. A su vez, publicaciones periodísticas describieron a De Simone como un empresario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Ese vínculo político no implica por sí mismo una irregularidad en la contratación, pero forma parte de las preguntas que rodean el desembarco de la firma en Río Negro.
El costo también quedó bajo discusión. Mientras durante los primeros meses de implementación circularon cifras cercanas a $1.500 millones, el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, informó posteriormente un convenio entre Hacienda y ALTEC por unos $1.200 millones, y otras publicaciones ubicaron el monto en aproximadamente $1.226 millones. ALTEC, además, subcontrata parte del desarrollo con Airata.
Datos biométricos: las preguntas que el Gobierno todavía debe responder
La discusión más delicada no pasa solamente por cuánto cuesta el sistema, sino por qué ocurre con la información obtenida de los rostros de los trabajadores. El reconocimiento facial implica el procesamiento de datos biométricos y abrió cuestionamientos gremiales y legislativos sobre quién administra esa información, dónde se almacena, quién puede acceder a ella y durante cuánto tiempo puede conservarse.
El Gobierno sostiene que la Provincia conserva la responsabilidad sobre las bases de datos y que el sistema no almacena una fotografía convencional, sino una plantilla matemática utilizada para verificar la identidad. Sin embargo, el avance del mecanismo generó pedidos de informes en la Legislatura para conocer las condiciones de contratación, el funcionamiento del sistema y el tratamiento de los datos personales.
Así, mientras el Ejecutivo festeja el levantamiento de una cautelar y presenta el episodio como un “revés” para ASSPUR, quedan abiertas cuestiones que exceden ampliamente la pelea sindical: el costo de una tecnología millonaria, la participación de una empresa privada en el procesamiento tecnológico, los datos biométricos de miles de estatales y los vínculos empresariales que rodean a la firma contratada.
El conflicto, por lo tanto, está lejos de terminar. La Provincia consiguió avanzar con el reconocimiento facial, pero la discusión sobre Airata, ALTEC, el costo del contrato y la protección de los datos biométricos continúa abierta. Y cuanto más insiste el Gobierno en presentar el asunto como una victoria contra el gremio, más queda desplazada la pregunta central: por qué el Estado rionegrino decidió gastar una suma millonaria en un sistema de vigilancia facial y bajo qué condiciones se manejará la información más sensible de sus trabajadores.
