El médico psiquiatra y perito judicial Osvaldo Rubiolo reclama una respuesta por la desaparición de historias clínicas, pericias y bienes personales que denunció en el marco de un conflicto iniciado tras su divorcio, en 2019. La investigación tramita en Río Tercero, Córdoba, y tuvo un cambio de fiscal en agosto de este año.
Según su relato, Rubiolo recuperó en mayo de 2022 la posesión de una vivienda en Santa Rosa de Calamuchita y, al ingresar, advirtió distintos faltantes. Su mayor preocupación es el destino de la documentación médica: “Tengo que salvaguardar la privacidad de mis pacientes”, afirmó.
La Justicia de Familia había intervenido en la situación de la vivienda y designado depositario judicial a Germán Darío Campero, excuñado de Rubiolo. El profesional sostiene que, cuando volvió al inmueble, faltaban dinero, objetos personales, historias clínicas y pericias psiquiátricas.

La denuncia por esos faltantes dio lugar a una investigación penal. En mayo de 2026, la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero imputó a Campero por el presunto delito de depositario infiel y dispuso citarlo a indagatoria. La imputación no establece su responsabilidad definitiva.
Rubiolo cuestionó públicamente la demora de la causa y la actuación del anterior fiscal, Alejandro Carballo. También señaló que presentó objeciones frente a una resolución vinculada con la situación de Campero. Se trata de planteos del denunciante cuyo alcance debe determinarse a partir del expediente.
En septiembre, Rubiolo dijo que fue recibido por la jueza Sonia Pipí y que pudo exponerle su reclamo. El médico insiste en que la búsqueda de las historias clínicas requiere especial atención por la información privada de pacientes que contienen.
En agosto se informó que Leonardo César Galanti reemplazó a Carballo como fiscal de instrucción en Río Tercero. Rubiolo espera que el nuevo funcionario revise las actuaciones y las pruebas incorporadas a la causa antes de tomar una decisión.
“Yo quiero justicia para todos, no solamente para mí, para todos”, expresó el profesional. La investigación deberá establecer qué ocurrió con los bienes y la documentación denunciados como faltantes, así como las eventuales responsabilidades.