Legisladora de la libertad avanza presentó un proyecto en Río Negro para los endeudados de la Provincia

El deterioro de las finanzas familiares llegó a la Legislatura de Río Negro. La legisladora Martina Lacour, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto para crear un Programa Provincial de Normalización y Desendeudamiento Familiar, una herramienta que busca renegociar deudas de consumo sin que el Estado provincial ponga dinero para cancelarlas. La iniciativa, presentada como Proyecto de Ley 1115/26, cuenta con el acompañamiento de Marcela González Abdala y César Domínguez.

El proyecto aparece en un escenario que encendió las alarmas: 101.275 rionegrinos registran deudas en situación irregular. La morosidad provincial alcanza el 15,4%, apenas por debajo del 15,7% nacional, pero el problema se vuelve más severo cuando se analiza cuánto debe cada persona. La deuda morosa promedio llega a $2.736.315, lo que ubica a Río Negro entre las jurisdicciones con mayores montos por deudor en problemas.
 

Más de 63 mil rionegrinos tienen deudas consideradas irrecuperables

El dato más delicado está en la profundidad de la mora. 63.921 rionegrinos se encuentran en Situación 5 del Banco Central, categoría correspondiente a créditos considerados irrecuperables. Además, el 72,5% de las personas morosas tiene entre 25 y 54 años, por lo que el problema se concentra principalmente en trabajadores en plena edad laboral que deben afrontar alquileres, servicios y gastos cotidianos.

“Que Río Negro tenga una tasa de morosidad apenas inferior al promedio nacional no significa que el problema sea menor. Hay proporcionalmente menos personas en mora, pero cuando caen en ella deben montos más altos”, sostuvo Lacour. La situación también golpea con fuerza en el financiamiento no bancario y las billeteras virtuales: allí la deuda promedio en mora alcanza $1.527.495 en Río Negro, frente a $1.199.936 a nivel nacional.
 

Lacour propone bajar impuestos a cambio de mejores refinanciaciones

La propuesta tiene una particularidad: la Provincia no prestaría dinero ni asumiría las deudas de las familias. En cambio, utilizaría Ingresos Brutos como incentivo para bancos, financieras, emisoras de tarjetas y otros proveedores de crédito. Las entidades podrían adherir voluntariamente y obtener una reducción del 50% del impuesto correspondiente a los intereses efectivamente percibidos por las refinanciaciones. En planes de 60 meses o más, el beneficio podría alcanzar el 100%, siempre que el mayor plazo reduzca efectivamente la cuota mensual.

A cambio, los acreedores deberán mejorar las condiciones ofrecidas al deudor. El proyecto establece una tasa nominal anual al menos 30% inferior al promedio para préstamos personales publicado por el Banco Central, un plazo mínimo de 24 meses y operaciones exclusivamente en pesos, a tasa fija y sin indexación. Además, la cuota resultante no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales del hogar. “No estamos proponiendo premiar al que no pagó ni que los contribuyentes paguen las deudas de otros”, explicó Lacour.
 

Una salida antes de que las familias caigan en deudas irrecuperables

El programa apunta a intervenir antes de que la situación financiera resulte prácticamente irreversible. Podrían ingresar las deudas de consumo que al 30 de junio de 2026 estuvieran clasificadas en Situaciones 2, 3 o 4 de la Central de Deudores del Banco Central. Cada persona podría utilizar el régimen una sola vez y una refinanciación posteriormente incumplida no podría volver a incorporarse al programa.

La iniciativa también contempla a quienes acumulan obligaciones con distintos acreedores. Cada entidad deberá informar cómo está compuesta la deuda —capital, intereses, punitorios, capitalizaciones, comisiones y otros cargos— y, cuando una nueva financiación permita cancelar varias obligaciones, el dinero será transferido directamente a los acreedores originales. El objetivo es convertir distintas cuotas y vencimientos en una refinanciación más ordenada y compatible con la capacidad de pago del hogar.

El proyecto busca utilizar una herramienta tributaria provincial para intervenir sobre un problema financiero que excede las competencias directas de Río Negro: menos Ingresos Brutos para el acreedor a cambio de mejores condiciones para el deudor. Las entidades que incumplan perderán el beneficio fiscal y deberán ingresar los montos que dejaron de pagar, con intereses, mientras que las faltas graves o reiteradas podrán derivar en su exclusión del programa.

La discusión quedará ahora en manos de la Legislatura. La propuesta de Lacour intenta encontrar un punto de equilibrio entre familias que ya no pueden sostener el peso de sus cuotas y acreedores interesados en recuperar créditos deteriorados. “No se trata de regalar nada ni de borrar deudas. Se trata de hacer que vuelvan a ser pagables”, sintetizó la legisladora.