Taiana volvió a apuntar a Melella y puso el foco en la responsabilidad de Tierra del Fuego

El exministro de Defensa y actual diputado nacional Jorge Taiana volvió a cuestionar al Gobierno de Gustavo Melella por la permanencia del radar de LeoLabs instalado en Tolhuin. Lo hizo durante más de dos horas de declaración ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego, que busca reconstruir cómo se autorizó el emplazamiento y determinar las responsabilidades políticas y administrativas del caso.

La testimonial se realizó en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires y abrió una nueva etapa de la investigación legislativa, que durante los próximos días continuará con las declaraciones de otros exfuncionarios nacionales vinculados al expediente.

Taiana dijo que se enteró por los medios

Uno de los puntos centrales de la exposición fue el momento en que Taiana tomó conocimiento de la existencia del radar. Según relató ante la comisión, se enteró en junio de 2023 a través de publicaciones periodísticas que advertían sobre la instalación y sus posibles capacidades de uso dual.

El exministro sostuvo además que, después de conocer la situación, se comunicó con el entonces canciller Santiago Cafiero y que tampoco existía en Cancillería una notificación oficial previa sobre el emplazamiento.

Taiana cuestionó de esa manera el circuito administrativo que permitió autorizar las frecuencias utilizadas por LeoLabs sin una intervención previa de las áreas nacionales que consideraba estratégicas para evaluar una instalación de esas características. La autorización había sido otorgada por la entonces Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete.
 

La discusión por quién debía desmantelar el radar

Uno de los principales puntos de la audiencia fue la responsabilidad sobre el desarme de la instalación. Taiana sostuvo que el Ministerio de Defensa no tenía facultades legales para disponer por sí mismo el retiro material del radar y que esa intervención correspondía a la jurisdicción provincial.

La posición coincide con una controversia que ya había quedado planteada en 2023. En agosto de aquel año, el Gobierno de Melella había celebrado la decisión de Defensa de cancelar el proyecto, mientras que posteriormente el Ministerio nacional sostuvo que la ejecución material de las medidas para desactivar la instalación correspondía a la Provincia.

Durante su declaración ante los legisladores, Taiana volvió sobre ese punto y sostuvo que el Gobierno fueguino contaba con herramientas dentro de su jurisdicción para avanzar con el desmantelamiento. La comisión busca ahora contrastar esa versión con las actuaciones administrativas y testimonios de otros funcionarios.

El debate adquiere especial relevancia porque el objetivo de la investigación no es solamente determinar qué organismo autorizó inicialmente la instalación, sino reconstruir qué ocurrió después de que el Estado nacional ordenara cancelar la autorización.
 

La investigación continuará este lunes

La comisión legislativa ya había definido trasladar parte de sus actividades a Buenos Aires para tomar declaración a exfuncionarios nacionales vinculados con el caso. Este lunes 21 de septiembre está prevista la testimonial del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, y posteriormente la del extitular del ENACOM Gustavo López.

El caso LeoLabs también sigue generando pedidos de información a organismos nacionales. La comisión viene solicitando documentación a áreas como la CONAE y el Ministerio de Seguridad, mientras busca reconstruir las autorizaciones y evaluaciones técnicas que rodearon la instalación del radar.

La discusión sobre las capacidades del sistema también continúa abierta. Documentos oficiales de la actual gestión de Defensa señalan que la instalación fue autorizada durante el gobierno de Alberto Fernández sin una intervención técnica oportuna del Ministerio, mientras que la propia empresa LeoLabs cuestionó en 2023 las capacidades que le atribuía el Estado y afirmó que la estación se encontraba inoperativa desde junio de ese año.

La declaración de Taiana vuelve así a colocar a Melella y al Gobierno provincial en el centro de la discusión política sobre el radar de Tolhuin. La comisión deberá ahora contrastar las distintas versiones y determinar, a partir de la documentación y los testimonios reunidos, qué responsabilidades correspondieron a cada nivel del Estado.