Malvinas: Cancillería respondió a Londres y advirtió que ampliará las sanciones a petroleras

La disputa entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sumó un nuevo capítulo en el terreno de las inversiones petroleras. Luego de que Londres publicara una guía para empresas interesadas en desarrollar actividades comerciales y explotar recursos naturales en las islas, la Cancillería argentina respondió con una advertencia dirigida a petroleras, inversores y proveedores: quienes participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina pueden quedar expuestos a sanciones.

El documento británico, publicado el 15 de septiembre, sostiene que el Reino Unido respalda la actividad económica en las islas y el desarrollo de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. También afirma que la legislación argentina no resulta aplicable en el territorio ni frente a empresas que desarrollen negocios vinculados con las islas.


 

Malvinas: el cruce entre Argentina y Reino Unido por los negocios

La respuesta de Cancillería se inscribe en una disputa que tiene como principal punto de tensión al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas en las áreas bajo disputa requieren autorización de las autoridades nacionales y rechaza las licencias otorgadas desde las islas.

Desde Londres, en cambio, la nueva guía sostiene que las actividades económicas en las islas se encuentran reguladas por el Gobierno de las Falkland Islands y que el Reino Unido respalda el desarrollo de sus recursos naturales. El texto británico también recomienda a las empresas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de Argentina que obtengan asesoramiento jurídico independiente.

El choque vuelve a colocar a las compañías internacionales en el centro de la disputa. Mientras el Reino Unido busca dar previsibilidad a quienes desarrollen negocios en las islas, Argentina sostiene que la participación en proyectos hidrocarburíferos puede generar consecuencias administrativas y judiciales bajo su legislación.


 

Sea Lion, el punto que vuelve a tensar la relación

El principal foco está puesto en Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las compañías vinculadas al desarrollo de Sea Lion. Cancillería volvió a cuestionar la decisión de avanzar con el proyecto sin contar con permisos argentinos y afirmó que continuará utilizando las herramientas legales disponibles.

La posición argentina no es nueva. La Ley 26.659 establece un régimen de permisos y sanciones para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, y el Estado ya había aplicado ese marco contra empresas vinculadas con operaciones en la zona de Malvinas. Entre las compañías alcanzadas por medidas anteriores figuran Rockhopper y Navitas.

La Cancillería también sostiene que quienes intervengan o faciliten actividades hidrocarburíferas en las áreas en disputa pueden quedar expuestos a sanciones administrativas y penales. En diciembre de 2025, tras el anuncio de la decisión de inversión de Sea Lion, el Gobierno argentino ya había anticipado que utilizaría las acciones disponibles para impedir actividades que considera ilegales.



 

El Gobierno busca elevar la presión sobre las petroleras

El nuevo escenario amplía el conflicto más allá de las empresas que poseen las licencias. La estrategia argentina apunta también a quienes puedan financiar, proveer servicios o participar de manera indirecta en proyectos hidrocarburíferos en las áreas bajo disputa.

El antecedente muestra que Buenos Aires ya utilizó sanciones, inhabilitaciones y denuncias penales contra compañías vinculadas con la exploración petrolera en la zona. Según el marco establecido por la Ley 26.659, las sanciones pueden incluir la inhabilitación para desarrollar determinadas actividades en Argentina.

La respuesta de Londres, por su parte, plantea una posición jurídica opuesta: sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni sobre las empresas que realizan actividades económicas allí. Así, el conflicto vuelve a trasladarse del plano estrictamente diplomático al terreno de las inversiones, los contratos y los riesgos legales para las compañías internacionales.

Mientras tanto, el Gobierno argentino mantiene su reclamo de soberanía y sostiene que las actividades unilaterales de explotación de recursos en las áreas disputadas contradicen las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una controversia entre ambos países.