Newmont: Santa Cruz clausuró ocho sectores de la mina Cerro Negro

El Gobierno de Santa Cruz clausuró preventivamente ocho sectores del yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont cerca de Perito Moreno, luego de detectar irregularidades vinculadas con la seguridad y las condiciones laborales. La Provincia calificó algunas de las situaciones encontradas como “muy graves” y abrió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

Los controles fueron realizados por la Secretaría de Estado de Trabajo junto con el Ministerio de Seguridad, efectivos policiales y organismos vinculados al transporte. Mientras se desarrolla el procedimiento, la empresa desmovilizó al personal involucrado con goce de haberes y deberá corregir las observaciones para avanzar hacia la reapertura de las áreas alcanzadas por la medida.


 

Qué detectó Santa Cruz en la mina de Newmont

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la circulación de vehículos dentro del complejo minero. El secretario de Trabajo, Javier Aravena, aseguró que durante una inspección nocturna se detectaron unidades que habían sido trasladadas hacia el interior del yacimiento cuando los inspectores estatales regresaban acompañados por verificadores policiales.

La Provincia también observó un camión utilizado para transportar combustible hacia sectores subterráneos. Según explicó Aravena, el vehículo no contaba con la Revisión Periódica Obligatoria (RPO), pese a ingresar a una zona ubicada aproximadamente 300 metros bajo tierra, donde trabajan operarios.

Durante las recorridas también fueron revisados los dispositivos utilizados para alertar sobre posibles riesgos ambientales. Aravena relató que uno de los sistemas comenzó a emitir señales y vinculó el episodio con una eventual presencia de gases. En otra inspección, aseguró haber detectado condensación y condiciones que justificaron profundizar los controles de seguridad.
 

Newmont también quedó bajo la lupa por el empleo local

A partir de las observaciones realizadas, Trabajo dispuso el cese preventivo de actividades en ocho sectores del yacimiento. La reapertura dependerá de la corrección de las irregularidades y del avance de las actuaciones administrativas. Provincia y empresa, además, prevén conformar una mesa de trabajo para establecer las condiciones necesarias para retomar las operaciones.

El conflicto, sin embargo, no quedó limitado a las condiciones de seguridad. Aravena también cuestionó el cumplimiento del régimen provincial conocido como 70/30, que establece pautas para la contratación de trabajadores locales. Desde el Gobierno santacruceño reclamaron que el crecimiento de la minería se traduzca en más oportunidades laborales para los habitantes de la provincia.

El gobernador Claudio Vidal respaldó la intervención y marcó el límite que pretende establecer su gestión frente a las empresas mineras. “La prioridad de este Gobierno es defender a nuestros trabajadores, resguardar su integridad física, generar mano de obra local y cuidar el medio ambiente”, sostuvo.
 

El conflicto con Newmont llegó a Nación

Desde la Provincia rechazaron que las clausuras representen una ofensiva contra Newmont y remarcaron que el respaldo al desarrollo minero no implica flexibilizar los controles laborales, ambientales o de seguridad. Sin embargo, la magnitud de las medidas abrió un frente de tensión con una de las compañías de mayor peso dentro de la actividad minera de Santa Cruz.

Según trascendió en medios locales, el conflicto incluso habría llegado a la Embajada de Estados Unidos, desde donde se habría transmitido al Gobierno nacional el malestar por el tratamiento recibido por la empresa. Newmont tiene origen estadounidense y una presencia significativa en la actividad minera santacruceña.

La situación es seguida también por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. En paralelo, las seccionales santacruceñas de AOMA y ASIMRA respaldaron las inspecciones provinciales y remarcaron la importancia de garantizar condiciones seguras para los trabajadores.

Ahora, el conflicto deberá resolverse en dos frentes. Por un lado, el sumario administrativo determinará el alcance de las irregularidades detectadas; por otro, la mesa de trabajo deberá definir las condiciones para que los sectores clausurados puedan volver a funcionar. Mientras tanto, Santa Cruz dejó planteado que su respaldo a la minería estará condicionado al cumplimiento de las reglas de seguridad, empleo local y protección de los trabajadores.