REGIONAL | 4 SEP 2026
CONFLICTO PREVISIONAL EN TIERRA DEL FUEGO
Policías retirados pidieron juicio político a Melella: reclaman años de respuestas por una deuda previsional
Tres exintegrantes de la Policía del ex Territorio llevaron el pedido a la Legislatura y apuntaron al mal desempeño del gobernador. El reclamo afecta a más de 500 familias.
El conflicto previsional de los policías retirados del antiguo Territorio Nacional de Tierra del Fuego escaló hasta la Legislatura. Tres integrantes del sector presentaron un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Adrián Melella y solicitaron que se investigue si las decisiones y omisiones atribuidas al Poder Ejecutivo pueden encuadrar en la causal constitucional de mal desempeño.
La presentación fue impulsada por el subcomisario retirado Daniel Ariel Torales, el suboficial mayor retirado Alfredo José Gatti y el suboficial escribiente retirado Jorge Alejandro Herrera. El reclamo fue entregado a la Presidencia de la Legislatura y a los distintos bloques políticos, en el marco de una disputa que los retirados aseguran que lleva años sin una solución definitiva.
Del reclamo salarial al pedido de juicio político contra Melella
Los denunciantes sostienen que el planteo excede una diferencia salarial puntual. El escrito, organizado en 30 capítulos y acompañado por documentación y matrices de responsabilidad, busca reconstruir una serie de decisiones administrativas, antecedentes, informes de organismos de control y actuaciones judiciales para determinar si existieron responsabilidades políticas en el tratamiento del conflicto previsional.
La situación involucra a retirados y pensionados de la Policía del ex Territorio Nacional, que mantienen un régimen particular debido a la historia institucional de Tierra del Fuego antes de su provincialización. Según los propios reclamantes, el conflicto está vinculado con una parte de sus haberes y con compromisos derivados del sistema previsional y de convenios históricos entre la Nación y la Provincia.
En abril, Gatti aseguró que unas 540 familias estaban afectadas por el pago incompleto y afirmó que el sector llevaba entonces casi 11 meses sin percibir una parte de los haberes. “Hace casi 11 meses que dejamos de percibir parte del haber que nos corresponde”, sostuvo, y aseguró que la quita representaba aproximadamente el 50% del ingreso cuestionado.
La pelea por los haberes llegó a la Justicia, al Tribunal de Cuentas y ahora a la Legislatura
El conflicto no apareció de un día para otro. Durante 2025 y 2026, los retirados realizaron protestas y reclamos públicos por atrasos y pagos incompletos. Los afectados cuestionaron la falta de liquidez argumentada para afrontar determinadas prestaciones y llevaron la discusión a distintas instancias institucionales y judiciales.
Pero el camino también tuvo reveses para los denunciantes. Como antecedente inmediato, el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego dictó en julio la Resolución Plenaria N.º 106/2026 y desestimó una presentación anterior realizada por Torales contra resoluciones del Directorio de la Caja Previsional Policial. El actual pedido de juicio político, sin embargo, intenta ampliar el foco y reclama que la Legislatura analice el conjunto de decisiones y omisiones atribuidas a distintas áreas del Estado. Ahí está el punto político más fuerte del nuevo planteo: los retirados consideran agotada la etapa de reclamos administrativos y cuestionamientos aislados. “No estamos discutiendo el pago de un ítem, estamos reclamando aportes que hemos hecho durante toda nuestra carrera”, había advertido Gatti durante el conflicto. Ahora, la pregunta que trasladan al Parlamento es quién debía intervenir frente a la situación y qué hizo cada nivel del Estado cuando el reclamo comenzó a acumularse.
La Legislatura deberá decidir si investiga a Melella o archiva la denuncia
La Constitución de Tierra del Fuego establece que el gobernador puede ser sometido a juicio político por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, delitos comunes dolosos, mal desempeño del cargo o indignidad. También habilita a cualquier persona con pleno ejercicio de sus derechos a presentar una denuncia por escrito, que debe ser remitida a la instancia investigadora correspondiente.
Sin embargo, la presentación de la denuncia no significa que Melella haya sido sometido a juicio político ni que exista una acusación formal contra el gobernador. El primer paso será determinar si la Legislatura abre una investigación. Recién una eventual acusación requiere mayorías especiales y la intervención de las salas previstas por la Constitución provincial. El pedido deja ahora a los bloques legislativos frente a una decisión política incómoda. Los denunciantes no sólo reclaman el pago de una deuda que consideran previsional: exigen que el Parlamento revise expedientes, decisiones y responsabilidades. Después de meses de protestas, reclamos judiciales y discusiones sobre la falta de fondos, la disputa llegó al lugar donde ya no alcanza con explicar la demora. La Legislatura deberá decidir si investiga o si el conflicto vuelve a quedar, una vez más, sin una respuesta política de fondo.
