El endeudamiento de las familias argentinas se convirtió en un problema que crece por fuera de la agenda prioritaria del Gobierno nacional. Mientras los registros muestran un aumento sostenido de la morosidad, el oficialismo insiste en minimizar el impacto y rechaza la necesidad de una intervención estatal.
Los datos de la Central de Deudores del Banco Central, analizados por la consultora 1816, muestran que la mora de las familias alcanzó el 12,94%. Se estima que casi 6 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días sobre un universo de 20,8 millones de deudores.

La dimensión del problema queda expuesta al comparar la situación actual con la registrada en octubre de 2024, cuando la morosidad alcanzaba el 2,5%. El deterioro se concentra especialmente entre los hogares, donde las dificultades para afrontar las obligaciones financieras se profundizaron.
El escenario es todavía más crítico en las billeteras virtuales y entidades financieras no tradicionales, donde la morosidad llegó al 33,69%. Se trata de un segmento utilizado por millones de argentinos para financiar consumos cotidianos y cubrir gastos ante la pérdida de poder adquisitivo.
Mientras la deuda se extiende entre los hogares, el Gobierno mantiene una postura de rechazo a la intervención estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que existe “un poco de mora” y sostuvo que, en términos del PBI, el fenómeno resulta “insignificante”.

La postura oficial contrasta con los reclamos que surgieron desde distintos sectores para establecer mecanismos de alivio para las personas endeudadas. Menem afirmó además que la morosidad “ya empezó a bajar” y sostuvo que “no creemos que sea necesario que el Estado intervenga”.
El oficialismo también enfrenta cuestionamientos por el tratamiento de iniciativas opositoras destinadas a abordar el endeudamiento y las condiciones de crédito. En ese contexto, la discusión dejó de centrarse únicamente en los niveles de mora y comenzó a girar sobre el rol que debe asumir el Estado frente a las familias que no logran afrontar sus obligaciones.
La preocupación también llegó a la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó medidas frente al crecimiento de las deudas y cuestionó una mirada que reduzca el problema a una cuestión exclusivamente privada.
“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, sostuvo Colombo.
El titular de la CEA advirtió además que no se puede abordar la situación de manera superficial. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, afirmó. Así, mientras los indicadores muestran que cada vez más familias tienen dificultades para pagar, el debate político queda planteado entre quienes reclaman una respuesta estatal y un Gobierno que considera que el problema no justifica una intervención.