NACIONAL | 21 AGO 2026

ECONOMíA

YPF: los fondos que demandaron a la Argentina estiran la pelea y tendrán más tiempo para apelar ante la Corte de EE.UU.

Los fondos buscan revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena de más de US$16.000 millones contra la Argentina. La prórroga no implica que la Corte haya aceptado revisar el caso.




La disputa judicial por la expropiación de YPF todavía está lejos de terminar. Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, consiguieron una prórroga para presentar ante la Corte Suprema de Estados Unidos el recurso con el que intentarán revertir el fallo que favoreció a la Argentina.

El nuevo plazo vence el 30 de septiembre, luego de que la jueza Sonia Sotomayor autorizara la extensión solicitada por los abogados de los fondos. El pedido se fundamentó en la complejidad del expediente y en la carga de trabajo del equipo jurídico que prepara la presentación.

La decisión representa una nueva instancia dentro de un litigio que comenzó hace más de una década y que llegó a poner en riesgo al Estado argentino por una condena superior a US$16.000 millones.


 

La Cámara de Apelaciones había dado vuelta el fallo de US$16.000 millones

El conflicto judicial se originó a partir de la nacionalización del 51% de YPF en 2012. Los fondos Petersen y Eton Park iniciaron una demanda contra la Argentina y reclamaron una indemnización por la forma en que se concretó la expropiación.

En septiembre de 2023, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska había fallado contra el Estado argentino y ordenado el pago de más de US$16.000 millones a los demandantes.

Ese escenario cambió el 27 de marzo de 2026, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia y dejó sin efecto la condena millonaria.

Los fondos posteriormente intentaron que la propia Cámara revisara su decisión, pero el planteo fue rechazado a comienzos de junio. Por ese motivo, ahora buscan llevar la disputa a la máxima instancia judicial estadounidense.

La presentación ante la Corte Suprema se realizará mediante un writ of certiorari, el mecanismo utilizado para solicitar que el máximo tribunal revise una decisión de una instancia inferior.
 

La prórroga no significa que la Corte Suprema haya aceptado el caso

La extensión del plazo no implica que la Corte Suprema haya decidido intervenir en la disputa por YPF.

Los fondos simplemente obtuvieron 30 días adicionales para preparar y presentar el recurso. Una vez que sea presentado, serán los nueve jueces del máximo tribunal estadounidense quienes deberán determinar si aceptan revisar la causa.

Se trata de una instancia con un filtro particularmente exigente. La Procuración del Tesoro señaló que la Corte recibe miles de solicitudes de certiorari durante cada período de sesiones, pero finalmente selecciona una cantidad muy reducida de casos para analizar.

Por eso, aunque Petersen y Eton Park todavía tienen una vía judicial disponible, la posibilidad de que la Corte Suprema tome el caso no está garantizada.

Mientras tanto, desde la Procuración del Tesoro ya anticiparon que el Estado argentino continuará preparado para defender el fallo favorable obtenido ante la Cámara de Apelaciones.
 

El conflicto podría continuar también fuera de Estados Unidos

La disputa por YPF, además, podría tener nuevos capítulos aun si la Corte Suprema decide no intervenir.

Los fondos Petersen y Eton Park anticiparon que trabajan en un posible reclamo ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Esa alternativa abriría una nueva vía internacional para intentar obtener una compensación económica.

De esta manera, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York significó una victoria de enorme importancia para la Argentina, pero no cerró definitivamente el conflicto.

El próximo paso será ahora de los demandantes. Con la prórroga concedida, tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar su pedido ante la Corte Suprema y tratar de reabrir un litigio que, por el monto involucrado, se convirtió en uno de los mayores frentes judiciales internacionales que enfrentó el Estado argentino.

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