La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene su sede en Av. Luis María Campos 46, Palermo, CABA. Hoy, frente a esas puertas cerradas con llave para la defensa efectiva de los más vulnerables, la sociedad civil se reunió para exigir algo que parece una obviedad: que el Estado deje de mirar para otro lado.
Desde mayo de 2025, el organismo que debiera velar por los derechos de la infancia en Argentina permanece acéfalo. Un año y medio de vacancia en un cargo creado por la Ley 26.061 para proteger a quienes no tienen voz en el Congreso ni en los tribunales. Y mientras tanto, la infancia argentina se hunde en cifras que deberían avergonzar a cualquier funcionario: más del 60% de los niños, niñas y adolescentes son pobres.
“La justicia que resuelve problemas de adultos… a costa de los chicos manifestó el Dr. Javier Montenegro, en la movilización debe cesar”.
El dato es escalofriante y debería encender todas las alarmas. El 80% del presupuesto en políticas de infancia fue recortado en los últimos años, degradando la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a una subsecretaría de políticas familiares. No es un descuido: es un plan.
Mientras el Congreso se empantana en disputas políticas por el control de la comisión bicameral, mientras las comisiones se conforman y disuelven sin dar quórum, el tiempo pasa. Y los chicos, mientras tanto, comen una vez al día, ven cómo sus escuelas cierran y crecen con la certeza de que el Estado no está para ellos.
“El sistema no necesita niños emocionalmente sanos; necesita consumidores dóciles”, advertía el análisis sociológico. La desaparición de la Defensoría no es un accidente burocrático. Es la consecuencia lógica de una política que prefiere clientes farmacéuticos y pacientes psiquiátricos antes que ciudadanos críticos.
Nunca se trató. La comisión bicameral, con mayoría de una nueva conformación, declaró vencido el concurso y dio de baja la designación. La vida de 13 millones de chicos argentinos, atada a una disputa de plazos y reglamentos.
El viernes 14 de agosto a las 10 de la mañana, organizaciones provida, defensores de la infancia y la familia, y la sociedad civil se concentraron frente a la sede de la Defensoría de la Niñez. Exigieron lo mínimo: que se designe a una persona decente, con principios acordes al cargo, y que se termine con el abuso sistemático a la infancia.
No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de supervivencia. Porque mientras los adultos juegan a la grieta, los chicos se caen por el medio.
“Argentina es un Estado fallido con décadas de corrupción judicial e ideologías de género que han destruido de manera sistemática los Derechos Humanos de la infancia y la familia”, denuncian los convocantes.
La Defensoría de la Niñez, en sus años de funcionamiento bajo pésima la gestión de Marisa Graham y Bertero—cuestionadas por su perfil ideológico y de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo—, no llevó ninguna respuesta. Las causas de la Defensoría son graves: niños sin cuidados parentales, escuelas que excluyen, hospitales que no atienden. Pero a nadie parece importarle.
El cargo vacante es la metáfora perfecta de un país que le ha dado la espalda a sus hijos. Un año y medio sin defensor. 13 millones de chicos pobres. Cero políticas públicas.
Los chicos no votan, no arman comisiones ni disputan el control del Senado. Pero son el futuro. Y si seguimos así, ese futuro será de consumo, de pastillas y de soledad.