A cinco años de la muerte de Mandagaray, cuestionan la Justicia y el rol del STJ

La legisladora Magdalena Odarda cuestionó la situación judicial de los cuatro policías condenados por la muerte de Gabriel Mandagaray y advirtió que, a más de cinco años del hecho, la familia todavía espera una respuesta que considere verdaderamente justa. Los efectivos permanecen en libertad y bajo monitoreo mediante tobillera electrónica mientras continúa abierta la posibilidad de una intervención de la Corte Suprema de Justicia.

“Quieren instalar que hubo Justicia porque se confirmaron las condenas, pero la familia Mandagaray sabe que esto está muy lejos de ser justicia. Después de más de cinco años, los responsables permanecen en libertad, con una tobillera electrónica, mientras se espera una eventual decisión de la Corte Suprema que puede demorar años”, afirmó Odarda.
 

El caso Mandagaray y las condenas

Gabriel Mandagaray murió el 15 de abril de 2021 durante un entrenamiento del COER en Bahía Creek. El caso derivó en una investigación judicial y posteriormente en la condena de cuatro efectivos policiales. Tras distintas instancias de revisión, el Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de queja presentados por las defensas y confirmó las condenas.

Para Odarda, el cierre de esas instancias no significa que la familia haya obtenido una respuesta judicial efectiva. “Gabriel no puede recuperar su vida, pero el Estado sí tiene la obligación de garantizar una respuesta judicial efectiva y en un plazo razonable. No podemos llamar justicia plena a una condena que, por las instancias que todavía quedan, mantiene a los responsables en libertad”, sostuvo.

La legisladora cuestionó así la demora del proceso y puso el foco en la situación actual de los condenados, que continúan en libertad bajo monitoreo electrónico mientras se aguarda la eventual resolución de recursos pendientes.


 

El cuestionamiento al Superior Tribunal

En paralelo, Odarda apuntó contra el reciente archivo del pedido de juicio político contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia, presentado a partir de la denuncia de Adriana Fabi, madre de Gabriel Mandagaray.

“Días atrás, el poder político decidió archivar la investigación sobre la responsabilidad de los jueces del STJ. Ni siquiera se permitió que la segunda minoría opositora pudiera votar. ¿Cómo no vamos a hablar de blindaje? Se protegió políticamente a quienes debían ser investigados por su actuación en esta causa”, afirmó.

La legisladora sostuvo que ambas situaciones forman parte de un mismo problema institucional. “Tenemos una cadena de protección: los jueces del STJ fueron blindados políticamente y ahora los condenados esperan una eventual decisión de la Corte mientras permanecen libres con una tobillera. La impunidad continúa y la familia de Gabriel sigue pagando las consecuencias”, manifestó.
 

El reclamo por cambios en la Policía

Odarda también consideró que el caso dejó expuestas deficiencias en los mecanismos de formación y entrenamiento de las fuerzas especiales de Río Negro. En particular, reclamó modificar las prácticas utilizadas durante la capacitación de los efectivos.

“La condena por homicidio culposo de integrantes del COER exige un cambio rotundo en la formación policial. No podemos permitir que la tortura, la humillación, las vejaciones o el abuso de autoridad sean utilizados como métodos de entrenamiento”, señaló.

En ese marco, recordó que presentó un proyecto para reemplazar el actual COER por el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate “General San Martín”, con un régimen de formación basado en el respeto de los derechos humanos y mayores controles sobre las prácticas de entrenamiento.

“Gabriel era un joven policía que murió mientras estaba bajo la responsabilidad del Estado. Su familia lleva más de cinco años reclamando verdad y justicia. No alcanza con una condena: necesitamos justicia efectiva, instituciones que no se protejan entre sí y cambios profundos para que nunca más una capacitación policial termine en torturas, vejaciones y muerte”, concluyó.