La motosierra tiene prioridades: el ajuste que Milei no muestra completo

La Administración Pública Nacional ejecutó hasta julio un 32% menos de gasto real que en el mismo período de 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Mientras caen educación, ciencia, salud, infraestructura y asistencia social, la Secretaría de Inteligencia aumentó su ejecución un 33%. El Gobierno celebra el resultado fiscal, pero los números obligan a preguntar qué Estado está quedando después de la motosierra.

Javier Milei hizo del equilibrio fiscal una de las principales banderas de su Gobierno. Y hay un dato que nadie puede discutir: el Estado nacional está gastando considerablemente menos que antes de su llegada al poder. El problema empieza cuando se mira dónde se está produciendo esa reducción.

Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado con datos acumulados hasta julio de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional cayó 32% en términos reales respecto del mismo período de 2023. En comparación con 2025, la caída real fue del 1%.

La diferencia no es menor. El Gobierno puede presentar la reducción del gasto como una demostración de disciplina fiscal. Pero detrás de ese porcentaje existen programas que dejaron de ejecutarse, transferencias que se redujeron y organismos que trabajan con presupuestos significativamente menores.

La pregunta que debería acompañar cada anuncio de superávit es sencilla: ¿qué dejó de hacer el Estado para conseguirlo?

El mapa del ajuste: los números de quiénes perdieron

Los datos relevados por CEPA muestran una distribución muy desigual del ajuste. En las funciones presupuestarias, Vivienda y Urbanismo registra una caída real del 99% frente a 2023, mientras Agua Potable y Alcantarillado retrocede 93%. Promoción y Asistencia Social cae 76%, Educación y Cultura 55% y Ciencia, Tecnología e Innovación 44%. En los Servicios Económicos, la contracción llega al 70%, con Comunicaciones y Comercio, Turismo y Otros Servicios registrando caídas del 85%.

La radiografía se vuelve todavía más concreta cuando se observan organismos. La Superintendencia de Servicios de Salud ejecutó un 58% menos en términos reales que en 2023. El Instituto Malbrán cayó 31% y la ANMAT 37%. En el caso de los hospitales nacionales, las reducciones se ubican entre el 27% y el 51%.

En ciencia, el golpe también resulta evidente. El CONICET registra una caída real del 35%, la CONAE del 64% y el Servicio Meteorológico Nacional del 35%. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación retrocede nada menos que 88%.

En educación aparecen algunos de los números más contundentes: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registran ejecución nula, mientras las becas para estudiantes caen 84%, las acciones de formación docente 92% y la infraestructura y equipamiento educativo 97%.

No se trata solamente de porcentajes. Cada una de esas cifras representa una decisión política sobre qué actividades el Estado considera prioritarias y cuáles pueden esperar.

La motosierra también tiene ganadores

Hay otro dato que merece una discusión mucho más profunda. Mientras la ejecución general de la Administración Pública Nacional se contrajo 32% frente a 2023, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución real 33%. Es decir, en un Estado que recorta de manera generalizada, hay áreas que no solamente quedan afuera de la motosierra sino que reciben más recursos.

No es el único contraste. Los servicios de la deuda pública ya representan el 11% del gasto total ejecutado durante los primeros siete meses de 2026. La Seguridad Social continúa siendo el principal componente del gasto, aunque su participación cayó del 63% al 59% frente al mayor peso relativo de los servicios de deuda.

Y hay otro capítulo especialmente sensible: las transferencias. La Asistencia Financiera a Provincias y Municipios cayó 99% en términos reales respecto de 2023. La Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios se redujo 98%, mientras el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires registra una reducción del 100%. La asistencia financiera a entes de Obras Públicas cayó 89% y la destinada a entes de Transporte 56%.

Es decir: el ajuste no solamente modifica el tamaño del Estado nacional. También redefine su relación financiera con las provincias y los municipios.

El superávit no es gratis

El Gobierno tiene derecho a defender el equilibrio fiscal. Después de décadas de déficit, emisión monetaria y endeudamiento, ordenar las cuentas públicas es una discusión legítima y necesaria. Pero el superávit no debería convertirse en una palabra mágica capaz de cerrar cualquier discusión.

Porque un Estado puede gastar menos y, al mismo tiempo, prestar menos servicios. Puede reducir una partida y presentar una mejora contable. Puede postergar una transferencia, una obra o un pago y mejorar el resultado de un determinado período.

De hecho, el análisis de CEPA sobre junio introduce otra discusión relevante: ese mes el Sector Público Nacional registró un déficit fiscal de $0,70 billones y un déficit financiero de $1,02 billones. El organismo sostiene además que, si se incorporaran determinados intereses capitalizados de títulos públicos que no aparecen contabilizados de la misma manera en el resultado financiero, el déficit de junio ascendería a $3,14 billones y el acumulado del año pasaría a mostrar un resultado negativo de $12,81 billones bajo esa metodología.

No alcanza, entonces, con repetir “hay superávit” o “hay déficit”. También hay que discutir cómo se construye ese resultado y qué obligaciones quedan fuera del número que se muestra. La discusión de fondo es otra.

Argentina necesita equilibrio fiscal. Pero también necesita hospitales que funcionen, universidades financiadas, investigación científica, infraestructura, rutas, asistencia social y organismos públicos capaces de cumplir las funciones que la sociedad les demanda.

La motosierra puede ser eficaz para eliminar gastos innecesarios. El problema aparece cuando el Gobierno deja de explicar qué considera innecesario y cuáles son las prioridades que sobreviven al recorte. Porque los números muestran que el ajuste no es uniforme.

Mientras Vivienda pierde 99%, Agua Potable 93%, Formación Docente 92%, Investigación e Innovación 88% y la asistencia financiera a provincias y municipios 99%, Inteligencia aumenta 33%. Eso no es simplemente una planilla contable. Es una definición política de prioridades.

Y si el Gobierno quiere que el superávit sea presentado como su gran éxito histórico, también debería aceptar la otra parte de la discusión: mostrar qué Estado está quedando después de conseguirlo y quién paga el costo de esa transformación.