El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció la eliminación definitiva de los códigos de descuento utilizados por financieras, cooperativas y mutuales para debitar de forma automática los préstamos de los haberes de los empleados públicos provinciales. La medida apunta a desarticular lo que calificó como una estafa legalizada que perjudica de manera directa a los trabajadores de la administración estatal.
Durante el anuncio, el mandatario fue categórico al cuestionar el funcionamiento de estas entidades que operaban dentro del sistema salarial del Estado. Según detalló, se comercializaban créditos con tasas de interés anuales superiores al 340%, generando un espiral de endeudamiento insostenible para miles de familias en la provincia patagónica.

Para brindar una solución a los agentes que quedaron atrapados en este esquema, el gobierno provincial dispuso la unificación de deudas mediante una línea especial otorgada por el Banco del Chubut. El programa contempla una tasa fija del 25% —ubicada diez puntos por debajo de la inflación interanual—, un plazo de devolución de hasta 72 cuotas, un período de gracia de hasta 12 meses para el capital y un límite de afectación del 40% del salario.
La asistencia financiera estará destinada exclusivamente a los agentes públicos con ingresos de hasta seis salarios mínimos. Desde el Ejecutivo aclararon que, si bien los descuentos automáticos dejarán de aplicarse el próximo mes, la obligación legal de cancelar las deudas previas continúa vigente, por lo que cada empleado deberá gestionar la refinanciación directamente en la entidad bancaria.

En paralelo a la prohibición de los débitos, Torres confirmó que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para establecer un marco regulatorio estricto. La iniciativa buscará fijar topes definitivos tanto en los porcentajes de afectación salarial como en las tasas de interés aplicables por parte de cualquier entidad que opere con los haberes públicos.
El mandatario fundamentó la urgencia de la medida en la grave situación económica que atraviesa el distrito, señalando que estas prácticas abusivas profundizan la vulnerabilidad de los agentes estatales:
"Hay trabajadores a los que hoy les descuentan más del 80% de su sueldo. Cuando empezamos a pensar herramientas financieras para acompañar a miles de chubutenses nos encontramos con esta trampa. Por eso decidimos actuar".
La decisión del Ejecutivo chubutense se instrumenta en un escenario complejo de morosidad financiera. De acuerdo con datos analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de registros del Banco Central, la provincia registra a unas 84.000 personas con deudas impagas por más de 90 días, lo que representa aproximadamente el 13% de la población total proyectada para 2026.
Asimismo, el informe detalla que el monto promedio de la deuda morosa en Chubut ronda los 1,9 millones de pesos, superando en un 36% al promedio nacional, ubicado en 1,4 millones. Con este panorama, la administración provincial busca poner un freno al endeudamiento desmedido y reordenar las finanzas de los trabajadores estatales.
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