Fentanilo contaminado: la Justicia irrumpió en el Ministerio y detuvo a exfuncionarias

La Justicia avanzó sobre la cartera que conduce Mario Lugones para reconstruir responsabilidades en la mayor tragedia sanitaria reciente. Ya hay 90 muertes vinculadas al caso.

La investigación por el fentanilo contaminado dio un giro clave y llegó al Ministerio de Salud de la Nación. Por orden del juez federal Ernesto Kreplak y a pedido de la fiscal María Laura Roteta, se realizó un procedimiento en la sede de la cartera que conduce Mario Lugones para recolectar documentación sobre movimientos de funcionarios y empresarios.

El operativo estuvo acompañado por la detención de Nélida Agustina Bisio, exdirectora de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumado, extitular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), quienes estaban al frente de los organismos de control cuando se elaboraron los lotes de fentanilo contaminado.

La causa avanza sobre el Ministerio de Salud

La investigación judicial ya vinculó el medicamento con al menos 90 muertes y lesiones en otros 44 pacientes, aunque el número de casos bajo análisis continúa creciendo. El foco ahora está puesto en determinar posibles omisiones del Estado en los controles.

Durante el procedimiento, los agentes solicitaron registros de ingresos y egresos al Ministerio, especialmente de directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo entre 2024 y 2025, período clave en el que se produjeron los hechos investigados.

Desde la cartera sanitaria intentaron minimizar el impacto del operativo. “Vamos a respetar y acompañar el trabajo de la Justicia”, señalaron oficialmente, y aclararon que se trató de un requerimiento de información.

 

Detenciones y responsabilidades bajo análisis

Las detenciones de Bisio y Mantecón Fumado marcan un cambio en la dimensión política del caso. Hasta ahora, la responsabilidad había sido atribuida principalmente a empresarios como Ariel García Furfaro y los directivos de sus laboratorios.

Sin embargo, el avance judicial apunta ahora a reconstruir la cadena de decisiones dentro del Estado. Los fiscales advirtieron que hubo “incumplimientos reiterados” y una “ineficiencia de las medidas regulatorias” que colocaron a la población “en una situación de riesgo inadmisible”.
 

Reuniones bajo sospecha y controles fallidos

Uno de los ejes de la causa es una reunión realizada el 14 de enero de 2025 en la ANMAT, donde participaron las funcionarias detenidas y empresarios vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Ese encuentro ocurrió después de una inspección que había detectado graves irregularidades en la planta de Ramallo. La Justicia intenta determinar si ese contacto demoró sanciones que podrían haber evitado la distribución del fentanilo contaminado.

El informe técnico previo ya advertía fallas críticas en los procesos de fabricación, esterilidad y control de calidad. A pesar de ello, la producción continuó y derivó en la elaboración de ampollas contaminadas con bacterias peligrosas.

 

Lugones, en el centro de la crisis sanitaria

El ministro Mario Lugones no está imputado hasta el momento, pero el avance de la causa lo coloca en el centro de la crisis política. La investigación comenzó a escalar en la cadena jerárquica que conecta a inspectores, exfuncionarias y autoridades del Ministerio.

La permanencia de Bisio al frente de la ANMAT hasta 2026, pese a los cuestionamientos, es uno de los puntos que ahora se analizan. La Justicia busca determinar qué sabía la conducción política y qué decisiones tomó frente a las irregularidades detectadas.

Las responsabilidades finales serán determinadas en el marco del proceso judicial. Mientras tanto, el caso ya se consolidó como uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años en el país.